CARACAS.- Horas después de que el excandidato venezolano Edmundo González Urrutia denunciara que “hombres encapuchados” secuestraron el martes a su yerno en Caracas, la líder opositora María Corina Machado afirmó que “agentes del régimen rodearon la casa” de su madre, de 84 años, en plena escalada de tensión antes de la jura del presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato, el próximo viernes.
“Alerta. Desde hace unas horas, agentes del régimen han rodeado la casa de mi mamá, han puesto alcabalas en toda la urbanización y sobrevolado con drones. También ‘se fue’ la luz en la zona. Mi mamá tiene 84 años, está enferma, con afecciones crónicas de salud. Maduro y compañía, ustedes no tienen límite en su maldad. Cobardes”, escribió Machado en su cuenta de X.
La oposición llamó para el jueves a protestas en todo el país, que Machado, en la clandestinidad, prometió encabezar. “No me lo pierdo por nada. Es un día histórico del que todos los venezolanos queremos ser parte. Yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos”, declaró en una conferencia de prensa con medios internacionales de la que formó parte LA NACION.
“No queda otra opción que poner toda la presión interna y externa sobre Nicolás Maduro para que entienda que el costo de permanecer en el poder se va a incrementar, hasta tal punto que su mejor opción es aceptar los términos de una salida negociada”, afirmó Machado, en declaraciones a W Radio desde Venezuela.
La dirigente de oposición pidió además la intervención de la justicia internacional frente a las atrocidades del gobierno de Maduro, entre ellos la condena a jóvenes que participaron en las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio y el arresto sin que se sepa de su paradero de políticos, como el alcalde de Maracaibo.
”Los necesitamos a ustedes, especialmente a los colombianos y los latinoamericanos en este caso que es de todos”, afirmó Machado.
En esta linea, el canciller peruano Elmer Schialer expresó el martes en una entrevista con la cadena RPP que el gobierno peruano considera al candidato de la oposición como el verdadero “presidente electo de Venezuela” y que, por lo tanto, “debería asumir el cargo el próximo viernes”.
Informó también que la posición oficial de la presidenta, Dina Boluarte, fue comunicada directamente a González en el curso de una conversación por videoconferencia. Según Schialer, desde el momento en el que Nicolás Maduro jure para un nuevo mandato el 10 de enero Perú “no lo considerará presidente legítimamente electo”.
En el mismo día, González Urrutia, reconocido como presidente electo de Venezuela en varios países y que reclama su victoria electoral frente a Maduro, denunció que su yerno fue secuestrado por “hombres encapuchados”.
En un mensaje en X, el exdiplomático opositor aseguró que su familiar, a quien identificó sólo por el nombre de Rafael, fue secuestrado cuando “se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases” y que fue interceptado por “hombres encapuchados” vestidos de negro, que “lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron”. No dio más detalles. Las autoridades venezolanas no respondieron inmediatamente sobre el asunto.
González Urrutia se encuentra en Washington desde el domingo, adonde llegó proveniente de Argentina y Uruguay, las dos primeras escalas en una gira internacional que emprendió una semana antes de la investidura del 10 de enero en Venezuela.
El lunes sostuvo una reunión con el presidente saliente Joe Biden, cuyo gobierno lo reconoce como “presidente electo”. En el encuentro, ambos hablaron de “sus esfuerzos compartidos para restaurar la democracia en Venezuela”, según un comunicado.
”La transición en Venezuela ocurrirá durante los últimos días de la administración Biden”, dijo el exdiplomático según un comunicado de la oposición venezolana, cuando faltan dos semanas para que Donald Trump tome posesión del cargo.
La tensión y la incertidumbre se sienten en la capital venezolana por el futuro político del país, tras más de dos décadas de derrumbe económico y social que ha provocado la salida del país de más de siete millones de personas.
Muchos aún mantienen vivo el recuerdo de las protestas en rechazo a la proclamación de Maduro como ganador en las que fueron detenidas más de 2.400 personas. Aunque el gobierno anunció en semanas recientes la liberación de 1515 detenidos, la organización no gubernamental Foro Penal afirma que continúan en las cárceles unas 1795 personas por “motivos políticos”.
Marta Valiñas, jefa de la misión de expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU, a cargo de investigar y documentar presuntas violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, exhortó a los cuerpos de seguridad a “comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza”.
Maduro ha desafiado los pedidos de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso aliados regionales como Brasil, Colombia y México para que publique las actas de votación que respaldan su presunta victoria electoral. Más de cinco meses después de los comicios, las actas de resultados siguen sin publicarse.
Agencias AFP, AP y ANSA