EL ALTO, Bolivia.- “Yo, como todos los empleados de las empresas estatales bolivianas, tengo miedo de quedar sin trabajo cuando asuma el nuevo gobierno”, admitió a LA NACION, Bernardino Calle, de 42 años, encargado de la Planta de Procesamiento de Papa de la ciudad de El Alto, una zona de casas bajas, ladrillos sin revocar, a unos 17 kilómetros de La Paz. Muchos economistas dicen que esa planta no produce absolutamente nada, pero parado junto a la reja, Calle se encarga de desmentirlo: “No llegamos a los niveles esperados, pero estamos trabajando”.
En la localidad de Viacha, a 30 kilómetros de La Paz, Jorge Peña de 48 años, padre de 4 hijos, habló con LA NACION de otros de los temores de la población de bajos recursos: perder el bono escolar de ayuda social Juancito Pinto de 200 pesos bolivianos anuales (20 dólares), que le permite equipar a sus hijos de 14 y 8 años para el comienzo del año lectivo. “Gracias a esos bonos, mis hijos de 19 y 24 pudieron completar la escuela secundaria. Hoy tengo mucho miedo. Con mis ingresos de conductor de buses me sería difícil afrontar más gastos”.
En la primera vuelta electoral del 17 de agosto los votantes, que en su gran mayoría trabajan de manera informal y no dependen de un empleo estatal, expresaron con su sufragio el apoyo a la propuesta de ajuste de la derecha y el centroderecha para el balotaje de este domingo, y un rechazo masivo a veinte años de gestión del MAS (que recibió solo el 3 % de los votos).
Estas dos décadas de gobierno de Evo Morales y luego Luis Arce terminan con un Estado que tiene un déficit del 10% del PBI, falta de combustible en las estaciones de servicio, desabastecimiento de alimentos y escasez de dólares para comprar todo lo que Bolivia no produce.
Y la mira del ajuste de los economistas está puesta en dos sectores, las empresas estatales deficitarias y la enorme cantidad de bonos sociales. En un país de 12 millones de habitantes, la tercera parte de la población recibe algún tipo de ayuda social. O sea, cuatro millones de beneficiarios. Por lo que el cierre de empresas y la eliminación de bonos podrían ser el motor de grandes protestas sociales en el próximo gobierno.
Los dos candidatos que quedaron en pugna para este domingo, el derechista Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, de Alianza Libre (que ya fue presidente entre 2001 y 2002), y el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, del Partido Demócrata Cristiano, senador y exalcalde de Tarija, hablan de la necesidad del ajuste.
Pero mientras Quiroga anuncia que si asume el próximo 8 de noviembre aplicará una política de shock con un pedido de ayuda económica al FMI; Paz Pereira prefiere una transición gradual, desconcentrar el Estado con más autonomía de las regiones. En su caso no ha dado muchas definiciones sobre qué piensa hacer con empresas deficitarias y bonos sociales, pero su candidato a vice, el carismático capitán Edman Lara, 40 años, -a quien muchos atribuyen el triunfo de Paz en la primera vuelta- ha dicho que “su” gobierno aumentará el monto de los bonos sociales. La información fue desmentida luego por el equipo económico del partido, pero la idea quedó, y muchos bolivianos dijeron a LA NACION, textualmente: “Este domingo votaré por el capitán Lara [que solo es candidato a vice] porque va a aumentar los bonos sociales”.
El diputado Aldo Terrazas, del partido Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005, quien no se presentó como candidato en estas elecciones), presentó semanas atrás un revelador informe sobre el estado de las empresas estatales bolivianas.
Desde la llegada del MAS al poder se crearon 266 empresas estatales con rubros tan amplios como los hidrocarburos hasta ingenios azucareros o procesadoras de alimentos. Pero luego de la inauguración oficial, con visita presidencial incluida, muchas de esas compañías nunca funcionaron aunque siguieron consumiendo presupuesto del Estado. Terrazas estimó la inversión total de estas dos décadas en 33.000 millones de dólares en empresas estatales.
En entrevista con LA NACION, Terrazas dio algunos ejemplos curiosos. “Se ha creado por ejemplo el ingeniero azucarero San Buenaventura en la zona de La Paz, un lugar donde no crece la caña de azúcar. También hay dos fábricas de cemento en Oruro y Potosí en sitios adonde nunca llegó el gas para alimentar los altos hornos, por lo que tampoco pueden funcionar, aunque sigue habiendo allí empleados que cobran sueldos estatales».
Pero entre los “elefantes blancos”, el más conocido es la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Emapa, creada en 2007, con el objetivo de que el Estado funcione como intermediario entre el pequeño productor de alimentos, comprándole su producción para luego comercializarla y repartir las ganancias.
“De las 202 empresas que inauguró Arce -contó Terrazas-, por lo menos 60 pertenecen a Emapa. Para darle una idea del escándalo de corrupción que hay detrás de Emapa, le cuento que hace dos semanas este propio gobierno metió preso al gerente de Emapa, Franklin Flores Córdoba, acusándolo de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Una investigación demostró que en marzo de este año, después de la inauguración oficial, con visita presidencial incluida, muchas fábricas seguían sin operar».
LA NACION visitó dos de las plantas de Emapa, la de Viacha, dedicada al Almacenamiento y Transformación de Cereales, que cuenta con el molino más grande de Bolivia, y la de procesamiento de papas en El Alto.
En Viacha, la técnica química encargada de la planta que prefirió identificarse solo como “Marisol” contó que aunque desde afuera no se ve ningún movimiento, en la planta trabajan 35 personas en el proceso de fabricación de harina y afrecho de trigo, que luego distribuyen a las panificadoras. “Los cuatro silos tienen una capacidad de 41.000 toneladas y hace un rato acaban de salir los camiones con la carga de esta mañana”, aseguró.
De todas maneras, el secretario general de la alcaldía Teófilo Choque, que acompañó a LA NACION hasta la planta, reconoció luego: “Yo jamás vi salir de aquí un camión, y si se fija en el camino de entrada, que es de tierra, verá que no hay huellas de camiones”, señaló.
La moderna planta de procesamiento de papas de El Alto vive una situación similar. Grandes galpones, sin demasiado movimiento. Y sus empleados ven entonces también con temor lo que pueda suceder con sus trabajos a partir del 8 de noviembre cuando asuma el nuevo gobierno.
