El Gobierno dispuso hoy por decreto que los convenios colectivos de trabajo no podrán imponer aportes en beneficio de cámaras. Esas cargas podrán existir solo en los casos en los que sean aceptadas voluntariamente por los afiliados.
Según el texto, las agrupaciones de empleadores tienen 90 días para adecuarse y ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer aceptar voluntariamente. En tanto, de ahora en más, la Secretaría de Trabajo no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contradigan esta disposición.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puntualizó en su cuenta de la red social X que, por ejemplo, los comercios deben pagar $5600 millones al mes y $70.000 millones al año para financiar el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que administra la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, hay al menos otros 24 convenios que establecen que los empleadores deben hacer aportes para financiar distintas instituciones.
En el caso del caucho, hay dos entidades solventadas por las empresas: el Instituto Nacional de Capacitación Profesional Tecnológico y de Promoción para la Industria del Caucho (Incptpic) y el Instituto Nacional de Capacitación Profesional Tecnológico y de Promoción para las actividades desarrolladas en gomerías, talleres de reconstrucción de neumáticos (recauchutaje, vulcanización, precurado, etc.), similares y accesorias.
También tienen un instituto destinado a la formación los trabajadores cerealeros, los de farmacias, los agentes de viajes, el personal hotelero y gastronómico, los industriales metalúrgicos, los empleados de estaciones de servicio, los trabajadores de carga y descarga, y los de garajes, entre otros.
Consultado por LA NACION, un empresario impactado por esta medida reconoció que su cámara está en estado de conmoción. Dijo que esto beneficiaría a las empresas que no pertenecen a ninguna cámara y tienen empleados comprendidos en los convenios, que debían pagar igualmente estos aportes, y que llama la atención que el decreto solo haya apuntado a organizaciones empresarias y no a los sindicatos que perciben fondos para capacitación, como el de Choferes de Camiones o la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos.
Por ejemplo, el convenio colectivo para el Transporte Automotor de Cargas establece que “todos los empleadores incluidos en la convención colectiva de trabajo Nº 40/89 procederán a pagar mensualmente, de su peculio, en los términos del artículo 9 último párrafo de la ley 23.551 y 4 del decreto 467/88, un aporte equivalente al 2% de los salarios básicos abonados a los trabajadores comprendidos en el aludido convenio colectivo, a favor de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios”. Dicha organización es liderada por Hugo Moyano.
También hay casos en los que los aportes de empresarios se reparten entre las cámaras empresarias y los sindicatos, tal como fija el convenio celebrado entre la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), cuyo titular es Luis Barrionuevo. Ambas partes acordaron la creación de un “Fondo convencional ordinario” que se nutre de un aporte realizado por el empleador, equivalente al 2% de la remuneración. “De tal contribución empresaria corresponderá el 1% a Uthgra y el restante 1% a Fehgra”, incluye el convenio.
Por último, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), una de las mayores afectadas, sostuvieron que aún estaban analizando la medida.
En tanto, la Confederación Federal Pyme Argentina pidió que se intervenga la CAME por el supuesto manejo irregular de los fondos para capacitación.
”La falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del Inacap [el instituto que depende de CAME] es más que notable. No hay forma, como comerciante obligado a aportar mensualmente, de acceder públicamente a esta información. Tampoco como cámara empresaria socia saber qué montos y a qué entidades se les envían fondos, porque es discrecional”, dijo Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme.
En el Gobierno ya hay una denuncia por este tema realizada por el Centro Comercial Victoria de Entre Ríos ante la Secretaría de Trabajo en septiembre del año pasado.