El juez federal Julián Ercolini dio por cerrada una denuncia por presunta filtración de información confidencial desde la UIF y tomó la decisión de sobreseer a Santiago Caputo, una de las espadas principales del gobierno de Javier Milei, al ex titular del organismo Mariano Federico y al periodista español Javier García Negre.
La causa se inició el 12 de septiembre pasado, a partir de una denuncia del presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático Fernando Míguez basada en versiones periodísticas, que planteaba que a través de la UIF se habría filtrado información confidencial en materia de lavado de dinero a una empresa internacional de inteligencia llamada «K2 Integrity», de la cual forma parte -como directivo Federici, ex jefe del organismo antilavado durante el gobierno de Mauricio Macri. Miguez es el mismo que denunció a Jorge Lanata por lavado de dinero, ahora que está internado, y su caso fue rechazada in limine por la Justicia.
De acuerdo a la presentación se iba a contratar a esa compañía como «asesora» por una suma aproximada de $ 575 millones, «con miras a mejorar su posicionamiento global en materia de estándares de corrupción, transparencia y cumplimiento; y así lograr inversiones extranjeras». En la misma, además, se acusaba a Santiago Caputo, armador del Gobierno, de promover la difusión de noticias falsas a través del periodista español García Negre.
La investigación del fiscal a cargo determinó que si bien la UIF solicitó al Ministerio de Justicia la contratación de la empresa extranjera, esa circunstancia «nunca se llevó a cabo». Además, se desliga a la UIF de esa decisión, que corrió por cuenta del ministerio de Justicia aunque «no se terminó concretando».
Es duro el fallo al relatar que «se observa una carencia argumentativa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan hallar una verdadera notitia criminis correctamente delimitada, y lo cierto es que esa actividad por sí sola no constituye un delito penal, amén de los reproches morales y éticos que puedan efectuarse sobre ello».
Finalmente, desde la fiscalía número 6 se solicita en ese contexto el sobreseimiento tanto de Caputo, como Federici como de García Negre, ya que «no se vislumbra la posibilidad de ordenar nuevas medidas probatorias conducentes a corroborar la hipótesis delictiva originaria». Ercolini toma ese pedido y confirma ese sobreseimiento de los tres denunciados.
El juez toma su decisión aludiendo a un fallo de la Corte Suprema, denominado «Quiroga», en el que se resalta que «si el acusador declina la prosecución del proceso, el juzgador no puede suplantarlo en su rol, sin romper el juego de equilibrio entre partes, resignando la imparcialidad como condiciones del debido proceso».
Para qué era el asesoramiento de K2 Integrity
En agosto pasado, fuentes de la UIF consultadas por Clarín se refirieron a la polémica en torno a K2 Integrity. «Hay mucho desconocimiento sobre el tema. Es una empresa que asesora a países en evaluaciones y que asesoró y está asesorando a muchos países del mundo», sostuvieron.
Y negaron ya en ese entones haber aportado datos vinculados a inteligencia del organismo. «La evaluación no maneja información de inteligencia que maneja la UIF. La información de inteligencia de UIF no se vuelca de manera concreta en el informe», declararon. Además, agregaron que lo relativo al contrato depende del Ministerio de Justicia.
La contratación de K2 Integrity obedecía precisamente a evitar que Argentina comparta la denominada «lista gris» del organismo con países como Venezuela, Congo, Tanzania y Haití. Se trata de una firma con sedes en Nueva York, Londres, Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami, Ginebra, Riad, Doha y Abu Dhabi y que tiene entre sus directivos a ex funcionarios estadounidenses y de otros países expertos en temas antilavado. Además hubo reuniones vía Zoom en las que participó Federici por K2 Integrity y funcionarios argentinos de Cancillería.
