En marzo de 2011, cuando estalló la guerra en Siria, el Ejército se disolvió en varias facciones. Como sucede en otros países de la región de Medio Oriente, donde junto a la identidad nacional conviven marcadas identidades subnacionales, ancladas a parámetros étnicos o confesionales, estas minorías formaron sus propias milicias, que tuvieron a cargo la defensa de su comunidad. Lo vimos hace algunas semanas en la gobernación de Jabal Druze. Allí, las fuerzas del presidente Ahmad Al-Sharaa, a la búsqueda de extender el control del gobierno central, se enfrentaron a un grupo informal que decía defender a los drusos que habitaban el área. Este grupo estaba integrado por familias de la zona. La situación se resolvió poniendo paños fríos y apelando a la moderación de ambos bandos.
La situación en las provincias costeras de Latakia y Tartús, región histórica del Estado Alauita promovido por los franceses luego de la Primera Guerra Mundial, resulta análoga: tropas leales a Damasco se enfrentaron a milicias locales, habituadas por más de una década a tener el control del lugar, esgrimiendo la defensa de su comunidad. Sin embargo, esta situación contaba con un agravante: durante los años de gobierno de la familia Al-Assad, Hafez primero (1971-2000) y Bashar después (2000-2024), los musulmanes alauitas constituyeron un punto de apoyo central al régimen, ocupando lugares de relevancia en la jerarquía de las Fuerzas Armadas y en la burocracia estatal. Los simpatizantes de Al-Sharaa fueron, justamente, los que acabaron con más de cuatro décadas del gobierno de la dinastía Al-Assad. La desconfianza entre los alauitas y el Ejército de Damasco fue la antesala de los violentos combates que se sucedieron.
En los últimos días, se ha multiplicado el número de muertos y heridos en la zona, aunque con pocas certezas en torno a un número definitivo. No se trata de matanzas motivadas por odios de fe, sino más bien por la búsqueda violenta de saldar viejas cuentas entre grupos rivales, cuyas acciones deben ser perseguidas y castigadas.
En otros sitios, las tensiones internas marcadas por la ampliación de la autoridad central han podido ser resueltas de manera satisfactoria. En el norte y noroeste, regiones bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias, una agrupación kurda en sintonía con Estados Unidos, aceptó avanzar en un régimen de transición para que las autoridades de Damasco se hagan cargo de la zona y sus soldados pasen a integrar el Ejército oficial. En Siria, los kurdos suman dos millones, casi el 10% de la población total. A cambio, el presidente Al-Sharaa se comprometió a empujar la consagración constitucional de los derechos del pueblo kurdo, incluyendo la administración conjunta y un estudio sobre el destino de los recursos del subsuelo. Esto constituye una buena noticia para Turquía, celosa de su frontera sur y comenzando en su propio territorio un proceso de diálogo con los kurdos de allí, que constituyen el 25% del total de los habitantes.
La proliferación de fake news en torno a la cantidad de víctimas y sus potenciales ejecutores, incluso en los medios y redes de la propia Siria, está preparando de manera peligrosa el escenario para subir la temperatura de la conflictividad sectaria. Asimismo, el país cuenta con pocas herramientas para asegurar el imperio de la ley, sumado a un presidente con un pasado complejo que busca lograr un cierto equilibrio entre sus seguidores de siempre, sus nuevos socios domésticos y regionales, y las potencias que lo observan expectantes, evaluando si es el momento adecuado -o no- para aportar a la economía y la reconstrucción de Siria.
El autor es doctor en Relaciones Internacionales y director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y el Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral.
