La crisis política desatada dentro del Gobierno nacional por el fracaso en la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema sigue sumando capítulos.
Clarín pudo confirmar este fin de semana que el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, presentó un per saltum ante el Máximo Tribunal contra la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, que le ordenó a García-Mansilla abstenerse de actual como miembro de la Corte durante tres meses.
El magistrado, afín al kirchnerismo, actuó luego de que el Senado, con más de dos tercios de sus miembros, rechazara el pliego del magistrado nombrado en comisión y quién juró a fines de febrero antes el presidente Horacio Rosatti y los vocales Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En el caso de Lijo, ni siquiera llegó a asumir porque se negó a tomar licencia como juez federal, un requisito que le exigía la propia Corte. Su pliego también fue rechazado, con algunos votos menos.
«Si renuncia es una decisión personal de él. Lo que siempre vamos a defender es la constitucionalidad de la designación en comisión», aclararon de todos modos en el Gobierno en cuanto al per saltum por García-Mansilla. Un modo elegante de soltarle la mano.
Como adelantó Clarín este domingo, en la Corte dan como un hecho que el jurista terminará renunciando. Se quedó si apoyo político en el Congreso y en el mismo Gobierno tomaron distancia.
