Con un riesgo país en niveles todavía arriba de 750 puntos básicos, lo cual impide al Estado volver a los mercados internacionales de deuda, y con reservas netas negativas en el Banco Central (BCRA) en torno a US$8000 millones, el Gobierno se aferra al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para blindarse ante posibles turbulencias. La inestabilidad podría venir del exterior, debido a la nueva política comercial de Estados Unidos, o podría ser interna, si comienza a caer el apoyo político al presidente Javier Milei de cara a las próximas elecciones legislativas, algo que por ahora parece poco probable.
El próximo mes será clave para despejar dudas acerca de dos incógnitas que todavía rodean al nuevo programa con el FMI: de cuánto van a ser los desembolsos disponibles del organismo y cuál será la nueva política cambiaria.
En 2024, el Gobierno logró estabilizar la economía gracias al fuerte ajuste fiscal, que permitió cortar con el financiamiento monetario del Banco Central e impulsó la baja de la inflación. Sin embargo, quedó como tarea pendiente una mayor acumulación de reservas.
De hecho, en una presentación que realizó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, mostró que de los US$25.000 millones netos que lleva comprados la entidad al sector privado desde que asumió el Gobierno, solo pudo acumular en las reservas menos de US$7000 millones (el 28%).
“La diferencia entre las compras y la variación de las reservas internacionales netas equivale a los pagos netos de deuda del Gobierno en dólares y otros componentes”, dice el gráfico que acompaña la presentación sobre “los beneficios del programa de estabilización de la Argentina”, que realizó Werning en la reunión de vicegobernadores de Mercados Emergentes, en Basilea.
Esto se debió a que el país tuvo que enfrentar vencimientos de deuda por alrededor de US$13.000 millones que, como no se podían refinanciar en el mercado internacional por el alto nivel de riesgo país (representa la tasa de interés del financiamiento), tuvo que pagarlos al contado.
En julio próximo, el Gobierno enfrenta otro vencimiento de deuda con acreedores privados por US$4300 millones. Si bien Werning indicó que el Tesoro tiene alrededor de US$2300 millones en depósitos en moneda extranjera, estos dólares están contabilizados dentro de las reservas del Banco Central, por lo tanto, el pago afectará el patrimonio de la entidad.
Si el acuerdo con el FMI logra que baje el nivel del riesgo país, el Banco Central podría volver a licitar otra operación de pase pasivo (REPO), para seguir sumando dólares a las reservas, que según estimaciones privadas, en términos netos ya se encuentran negativas en torno a US$8000 millones. En el verano, la entidad consiguió un préstamo sindicado de bancos de US$1000 millones, a cambio de otorgar bonos soberanos como garantía. Con un riesgo país que en ese entonces estaba en 610 puntos básicos, pagó una tasa anual de 8,8% a un plazo de dos años y cuatro meses.
Con relación al FMI, este año solo resta pagar US$1906 millones en concepto de intereses y otros cargos, pero nada de capital, según el último informe de la consultora Outlier.
El viernes pasado, la agencia Bloomberg indicó que el acuerdo con el Fondo podría implicar un monto de US$20.000 millones brutos y que mañana habrá una reunión informal entre el equipo técnico del FMI y el directorio.
De confirmarse ese monto, los dólares se usarían para pagarle al propio FMI por los vencimientos de capital del programa anterior y para cancelar letras intransferibles que el Tesoro depositó en el Banco Central, con el objetivo de capitalizarlo.
“Es importante conocer cuál será el cronograma de desembolsos para determinar cuánto será el dinero disponible para este segundo objetivo. Para tener una referencia, hasta mayo de 2029 hay vencimientos de capital con el FMI por aproximadamente US$14.400 millones, con lo cual existiría un financiamiento neto del orden de los US$6600 millones. Sin embargo, si se consideran todos los pagos al FMI previstos para dicho período, en su mayor parte intereses, la cifra supera los US$24.000 millones, con lo cual el flujo con el FMI continuaría siendo negativo”, dijo Outlier.
Hasta no conocerse los detalles del nuevo acuerdo con el FMI, se espera que los próximos días se mantenga la volatilidad en los mercados. El “hormigueo financiero”, como dice la consultora LCG, sigue siendo si el FMI acepta o no dar fondos frescos a cambio de nada. “En realidad, ‘nada’ no es poco: es mantener lo que ya se hizo, especialmente la conducta fiscal. Pero no hay dudas de que el staff de ese organismo ya aprendió la lección argentina de que no tiene sentido usar los pocos dólares que se puedan dar en defender una paridad que se percibe artificial”, dijo en su informe semanal.
La consultora también se hizo eco de las declaraciones que realizó el economista Ricardo Arriazu, muy cercano al Gobierno, que hizo públicas las supuestas discrepancias entre el Presidente con el Ministerio de Economía y el Banco Central acerca de dejar flotar el tipo de cambio o no. “Me dicen que hay alguna diferencia entre el Presidente que quiere flotar y el Banco Central y Economía que no quieren flotar”, había dicho.
Según LCG, el inconveniente se llama “elecciones”, dado que el Gobierno quiere llegar a los comicios sin ningún tropezón en el camino con el índice de inflación mensual. “Devaluando un poco o dejando libre la paridad (con altos riesgos de que suba un poco) es claro que algunos precios, transitoriamente, se van a mover. Los hitos electorales no deberían modificar la ejecución de políticas públicas sanas. Pero como la oportunidad política y el desvío de esas políticas sanas han sido la norma, en algún momento no estaría mal discutir la dinámica electoral (la oportunidad y conveniencia del medio término) en la Argentina”, indicó.
Algo similar había dicho tiempo atrás el banco JP Morgan, cuando opinó que el éxito de la administración de Milei se debió a la priorización del Presidente de las decisiones económicas por sobre la comodidad política. “No aprovechar el escenario actual para comenzar a relajar los controles de capital por razones electorales no parece alinearse con las preferencias reveladas”, dijo en su informe del mes pasado.