Son momentos de definiciones en la provincia de Buenos Aires y el campo bonaerense se abroquela y busca aliados en los legisladores de la oposición para lograr modificaciones concretas en el proyecto de la Ley Fiscal y el Presupuesto 2025 que pretende aprobar el gobernador Axel Kicillof.
En medio de una feroz interna política dentro de su propio espacio y en un año electoral, Kicillof prorrogó el presupuesto del año pasado y buscaba que sus ministros consigan los avales necesarios de la oposición para la aprobación de ambos proyectos. Hoy a las 15 estaba prevista una reunión de sus funcionarios con los presidentes de los bloques opositores para llegar a un entendimiento sobre el Presupuesto, la Ley Fiscal y una autorización de endeudamiento. Sin embargo, esta reunión clave se canceló y no hay fecha cierta para la negociación.
Claudio Angeleri, vicepresidente 2° de Federación Agraria Argentina (FAA), contó que de hace más de un año que se viene trabajando con diferentes bloques de diputados de la provincia desde la última Ley Impositiva y que, si bien anteriormente no pudieron lograr revertir esa proyecto del gobernador, este año apuntan a salir airosos en su lucha.
“Sugerimos desde la Mesa de Enlace de la provincia algunas modificaciones a lo que había presentado el gobernador, de eso se trata. Esa traba de no discutir esas modificaciones y la necesidad del gobernador de sacar la Impositiva Fiscal sin modificación de ninguna coma es lo que frenó la aprobación. Sumado a una aparente interna dentro del peronismo que llevó a la falta de diálogo en el recinto”, dijo a LA NACION.
Mientras tanto, señaló, la dirigencia gremial del campo continua trabajando con “los legisladores que buscan tener una sana discusión, llegar al consenso y sacar la mejor Impositiva Fiscal y el Presupuesto”.
Además, opinó, “hay cosas que hay que discutir, pero no sé si el gobierno de la provincia tiene la voluntad política para escuchar, analizar y evaluar esos artículos que buscamos que sean modificados. Nosotros queremos que queden plasmados en la ley los beneficios por ser buen contribuyente, por pagos por débito y además que esté el restablecimiento del 70% de quita del impuesto que tienen los productores del oeste de la provincia (ahora está en el 20%)”.
Según Angeleri, “se deberían sentar todos los legisladores del oficialismo y la oposición y tener la voluntad política de abrir el juego y discutir para llegar a la mejor Impositiva Fiscal y que se le pueda dar tratamiento. Al sector no les hace ninguna gracia que la provincia no tenga un Presupuesto. Seguimos con falta de diálogo y de voluntad política para destrabar la situación”, agregó.
En el proyecto de la Ley Fiscal, el aumento del impuesto inmobiliario rural es del 28% pero, según Angeleri, se iría en realidad al 34% por un porcentaje de arrastre. “Lo que sugerimos es que quede estipulado ese porcentual inicial y que desaparezca esa cuota adicional del año pasado. Y, si bien pareciera que vuelven los beneficios por buen contribuyente y pago automático, necesitamos que quedé plasmado en la ley porque sino puede pasar de nuevo lo del año pasado que, como es una potestad del Ejecutivo, la sacaron y eso fue un golpe fuerte para el contribuyente. Hay que premiar a aquellos que pagan el impuesto. En total, con ambos beneficios es un 25% de descuento. Vamos por ese camino”, insistió.
En esa línea, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), coincidió que para dar previsibilidad, el sector necesita que los beneficios queden por ley y no a merced de la política. “Si no, puede pasar como en 2024 que decidieron no aplicarlo y salimos perjudicados los productores. Otra cuestión no menor que preocupa es la forma de actualizar las cuotas del inmobiliario que, por el artículo 163 del proyecto original, se hace a través de la tasa pasiva del Banco Provincia. Lo que sostenemos es que las tasas tienen una renta y la provincia no debería tener una ganancia de los impuestos que cobra. Y ahora que la inflación tiende a ser más baja que las tasas, el ajuste debería ser por el índice de inflación”, remarcó.
En cuanto a la oposición, dijo que pareciera estar más atenta que en la aprobación anterior “porque le está costando mucho más sacar partidas para los intendentes. Eso es evidente por eso los legisladores están mucho más firmes. El Ejecutivo va a tener que sentarse hasta ponerse de acuerdo porque no podemos vivir con prórrogas. En definitiva, es saber a qué están jugando porque se ha adelantado el año político y estamos en el medio los contribuyentes bancando la puja de los partidos políticos. Ellos, por su lado, le dan la espalda al Presupuesto que es lo que necesitamos para planificar nuestras actividades. Están preocupados por las elecciones y no nos dicen cómo y cuáles van a ser los impuestos que tenemos que pagar. Tampoco queremos ser una herramienta de la oposición para que juegue políticamente con Kicillof”, agregó.
Para Luis Harrington, director del distrito 3 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la prórroga que realizó Kicillof es una “situación inédita” en la provincia y además “habilita al Ejecutivo de la provincia a tomar decisiones con “total arbitrariedad”.
“Ante esta cuestión, desde Sociedad Rural nos opusimos desde el primer día. Estamos dispuestos a colaborar con las mejores leyes para la provincia, entendiendo que el Ejecutivo necesita de un presupuesto y la Ley Fiscal pero ambas iniciativas deben ser el resultado de un diálogo y un consenso”, indicó.
Según la información que maneja la entidad, “recién en febrero o marzo se podría volver a negociar”. “¿Qué pasaría? Ahora se tomarían los mismos valores del 2024. O sea, la primera cuota del inmobiliario tendría idéntico monto que la correspondiente al año pasado, que es lo que han dicho desde el gobierno provincial. La prórroga de la Ley Impositiva sería ahora un elemento más en la negociación que va a arrancar para los meses próximos. El tema es que la ley que se había prorrogado establecía subas de hasta el 200%, mientras que nosotros y la oposición, en el caso inmobiliario se ponía un tope del 28% para todo el año que recién arranca”, detalló.
Por la mañana temprano, Silvina Vacarezza, diputada provincial por la UCR, viajó de Alberti a La Plata para tener la reunión con todo el bloque opositor. En el trayecto se enteró que el encuentro con el gobierno bonaerense se había suspendido. El meollo de todo estaría en el endeudamiento que quiere Kicillof y ese sería su talón de Aquiles para que la oposición consiga las modificaciones en la Ley Fiscal pero que el gobernador no quiere dar el brazo a torcer.
“Sí o sí, además de los beneficios que los queremos por ley, pedimos la eliminación del artículo 163, que es la discrecionalidad de ARBA, Además, que el inmobiliario aumente solo el 28%. Y, en el tema puertos, queremos que se elimine el artículo en cuestión, que no tenga ningún aumento o que tenga un 28% y no de un 127% como dice la Impositiva y la alícuota pasaba de 3,5 a 4,5. Esto lleva a que dejen de ser competitivos en la provincia de Buenos Aires si se aplica esos incremento y eso se traslada al productor”, finalizó.
El diputado provincial de la Coalición Cívica (CC), Luciano Bugallo, coincidió que, por parte de la oposición hay buena predisposición para sentarse y conversar. “De todos modos ya saben cuales son las posturas nuestras y los planteos que hicimos, como es la eliminación de todo lo que tiene que ver con facultades delegadas y del artículo 163. Pero, por parte de ellos no hay ninguna predisposición para llegar a un acuerdo y están dilatando o resolviendo su propia interna”, cerró.