El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, lanza una serie de recomendaciones para garantizar la adquisición de garrafas de gas seguras, ante la circulación de unidades que incumplen normas de seguridad y ponen en riesgo a los hogares de la provincia. La iniciativa se enmarca en un programa provincial que, además de ofrecer precios subsidiados, busca proteger a las familias de posibles accidentes vinculados a artefactos defectuosos.
Claves para identificar una garrafa segura
Las autoridades destacaron tres aspectos esenciales que los consumidores deben verificar al comprar una garrafa:
- Chapa de identificación: debe incluir la fecha de vencimiento, la cual indica el período máximo de uso seguro del envase.
- Tapón de seguridad: debe estar presente y en buen estado para evitar fugas.
- Estado físico: la unidad no debe presentar abolladuras, grietas u otros daños que comprometan su integridad.
Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, enfatizó: «Es fundamental que las familias sanjuaninas verifiquen estos detalles al adquirir una garrafa. A través del programa provincial, no solo acceden a un precio más bajo, sino que llevan seguridad a sus hogares».
Programa de precios accesibles
El gobierno provincial subsidia el valor de las garrafas para mitigar el impacto económico en el contexto invernal. Las unidades de 10 kg, cuyo costo en el mercado ronda entre $21.000 y $23.000, se ofrecen a $15.000. Por su parte, las de 15 kg, que suelen venderse entre $30.000 y $35.000, están disponibles a $25.000. Para acceder al beneficio, los usuarios deben entregar una garrafa vacía en condiciones aceptables, como parte de un sistema de recambio seguro.
Concientización y prevención
La campaña busca combatir la venta irregular de envases y reducir riesgos de incendios o fugas, frecuentes en temporadas de bajas temperaturas. Las autoridades instan a denunciar locales que comercialicen productos sin certificación a través los canales oficiales de Defensa al Consumidor.
Este esfuerzo refleja la necesidad de articular políticas públicas que combinen acceso económico con estándares de calidad, priorizando la seguridad de la población en un recurso tan vital como el gas envasado.