Walter Pasko (41), el contador señalado como la cabeza de una usina de facturas truchas contra el estado en Chaco, se entregó en la mañana del viernes luego de la serie de allanamientos del jueves en el marco del caso que investiga una presunta asociación ilícita con posibles nexos entre piqueteros locales.
Pasko llegó a las oficinas de Gendarmería Nacional en Fontana junto a su abogado, y se puso a disposición de la justicia, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
Pasko está acusado de encabezar una asociación ilícita que se dedicaba a generar facturas apócrifas a través de las claves fiscales de clientes y ex clientes de su estudio contable, que tenía sedes en Chaco, Corrientes y Formosa. Es una causa que comenzó en 2022 tras las denuncias de distintos ex clientes del contador, que habían sido intimados por AFIP tras detectar movimientos irregulares en sus cuentas. La misma fue investigada por el fiscal federal Patricio Sabadini.
Esas facturas iban dirigidas a distintos organismos del Estado provincial, a municipios o a las fundaciones de grupos piqueteros. Uno de ellos vinculada al piquetero Ramón «Tito» López, también detenido desde el año pasado acusado de lavado de activos.
Ayer había quedado detenido Fernando Ayala, un coordinador de movimientos sociales que era uno de los cabecillas de la organización. En videos que la justicia encontró en su teléfono móvil durante la investigación aparece junto a varios de sus socios recibiendo y contando pilas de bolsos de dinero en su casa. Incluso cargándolos junto a sus hijos.
De acuerdo a la investigación, entre el período de 2019 y 2023 se detectó evasión impositiva por unos 150 millones de pesos, entre impuestos a las ganancias e IVA. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor. «Eso es solamente lo blanco que encontramos. Estimamos que durante ese período las facturas podrían representar unos 600 mil dólares a valor oficial de esa época. A dinero de hoy serían arriba de 500 millones de pesos», evaluaron fuentes judicial a Clarín.
El jueves se habían realizado tres allanamientos en Resistencia: uno en el domicilio de Ayala y otros dos en sucursales de «Brilla Mujer», una cadena de salones de belleza que tenía junto a su mujer, María José Reinau.
Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó una camioneta Toyota Hilux, una Chevrolet S10, cuatro teléfonos celulares, dos tablets, un disco rígido, dos computadoras, 44 tarjetas de crédito y billeteras virtuales, además de $300 mil pesos y guaraníes en efectivo. También fueron secuestradas diversas documentaciones de interés para la causa.
Además encontraron la documentación que confirma la compra por 90 mil dólares de un terreno en un barrio semicerrado ubicado en las afueras de Resistencia. Esta mañana también fueron secuestradas dos camionetas de Pasko, una Toyota Hilux y una otra SW4 con las que llegaron a entregarse.
Uno de los ejes focales de la causa es investigar los nexos entre Pasko y la política local. Es que según el testimonio de los distintos clientes del contador que denunciaron ante la justicia, habían llegado al estudio contable derivados desde el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un ente estatal que está siendo investigado por presuntos manejos irregulares para beneficiar económicamente a grupos piqueteros cercanos al poder.
La esposa de Pasko, Diana Yael Daniel, es una abogada que trabajó en el IAFEP con un cargo jerárquico. Es además familiar de Mauro Andión, quien fue titular del instituto durante el gobierno de Jorge Capitanich.
Andión hoy está detenido por otra causa que investiga los manejos irregulares del organismo. Pero desde la fiscalía evalúan sumar al dirigente como acusado dentro de la causa por «La Rosadita» chaqueña, según confirmaron a Clarín. Es que además del ex funcionario, comienzan a aparecer más nombres en el entramado de la Usina de facturas que se emitieron desde 2019.
El IAFEP recibía fondos del Ejecutivo y los distribuía entre organizaciones de la economía popular para llevar a cabo obra de infraestructura básica, tales como galpones o viviendas. Las distintas investigaciones que pesan sobre el organismo señalan que se habría tratado de una caja política que sirvió para financiar distintas organizaciones sociales piqueteras.
El caso de «La Rosadita» de Chaco ya cumplió los pasos procesales y está a la espera de una serie de vistos para elevarse finalmente a juicio oral y público. De sumar a Andión, serían en total ocho los imputados. Walter Pasko; su esposa Diana Daniel; Juana Elsa Brahim, suegra de Pasko y administradora de una serie de empresas fantasma; Jorge Pasko, Alvaro Iván Pasko y Carlos Nicolás Pasko, padre y hermanos del contador respectivamente; y el matrimonio de Ayala y Reinau.
