SANTA FE.- A horas de cumplirse, este lunes, cinco años de la denominada “Causa Vicentin”, proceso judicial que se inició el 10 de febrero de 2020 cuando la agroexportadora solicitó la apertura de su concurso de acreedores, luego que una semanas antes hizo una presentación para admitir una deuda de 1350 millones de dólares que terminó superando los US$1500 millones, nada parece haber cambiado.
Pero hay una instancia, en este caso judicial, que viene desvelando a los empresarios y también a los acreedores. Se trata, finalizado la feria judicial de verano, de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de esta provincia.
Como se informó oportunamente, finalizado el receso judicial de verano, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe “debe resolver” si confirma o rechaza la homologación del acuerdo con los acreedores. La última instancia haría caer el acuerdo inicial, lo cual significaría –lisa y llanamente- la quiebra de quien otrora fue uno de los principales grupos agroexportadores de la Argentina. “Sin homologación, Vicentín quiebra y no se pagan más salarios”, repitió en las últimas semanas el director independiente de la empresa, Estanislao Bougain.
E diálogo con LA NACION advirtió que no hay demasiadas alternativas posibles porque “no hay soluciones mágicas”. Y fue más explícito al remarcar que “si la Justicia sigue dilatando los tiempos, la situación llevará a la catástrofe de Vicentin”.
El cuadro de situación es bastante conocido: el Grupo Vicentin entró en cese de pagos el 4 de diciembre de 2019 y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores en medio de una situación que la empresa describió como de “estrés financiero” y de la que el Gobierno de entonces, encabezado por Alberto Fernández, culpó a sus administradores. Fernández, vale recordar, la quiso expropiar en junio de 2020, pero desistió en medio de la reacción de banderazos por todo el país.
Las deudas de la firma quedaron repartidas entre unos 2000 acreedores, entre productores, bancos estatales y privados. Mientras se concretaban negociaciones, presentaciones judiciales, acuerdos y desacuerdos, la Justicia actuó para permitir que las plantas del grupo siguieran funcionando, incorporando la figura del fasón para sostener el personal, la operatividad de la empresa y otras medidas que aliviaron el resultado negativo de los últimos balances.
No solo no prosperó el proyecto de expropiación de Fernández. Tampoco una alternativa que impulsó el Gobierno santafecino, a cargo del también kirchnerista Omar Perotti, que proponía como alternativa disponer de un “gerenciamiento” con fiscalización del Estado, de los acreedores y de los accionistas de la empresa, descendientes de la fundadora familia Vicentin.
Pero las plantas de Vicentin en el denominado Gran Rosario, instaladas en puertos desde Timbúes hacia la principal ciudad de esta provincia, continúan funcionando. Actualmente ingresan –promedio- unos 250 camiones diarios con girasol, de los 400 que se registran en etapas normales. Pero se va recuperando volumen de materia prima para procesar”, destacó un vocero de la firma a este diario.
“Vicentin necesita cuatro millones de dólares para continuar. Pero con este nivel de obligaciones y sin actividad, la administración no resiste”, alertó. Por otra parte, desde la conducción de la empresa se cuestionó la viabilidad del cramdown, el mecanismo judicial de salvataje impulsado por un grupo de acreedores en torno de Grassi. “No hay quien sostenga el pago de las remuneraciones mensuales si la empresa no trabaja. No se trata solo de pensar de dónde saldrá el dinero, porque no es mágico. Si la compañía no opera, no hay ingresos”, insistió.
En tanto, el empresario antes mencionado precisó: “Si la justicia santafecina no resuelve la homologación del concurso preventivo de crisis planteado el año pasado, el paso siguiente será la quiebra. Y a partir de ese momento, las cuestiones económicas, financieras y administrativas, volverán a tener la especial atención de los actores, si bien no hay muchas salidas a la vista”.
Mientras el escenario sigue revuelto, un hecho destacado en los últimos meses fue la aparición del grupo inversor Cima SA, que adquirió la deuda con bancos internacionales que ascendía a casi U$S450 millones.
Al respecto, el director de la cerealera señaló: “Con esto, Cima, lo que es lo mismo decir Grassi, adquiere una relevancia que no tenía y pasa a ser el acreedor más importante. Pero hay una paradoja. No entiendo cómo podrían beneficiarse; el cramdown existe jurídicamente pero no existe en el concurso. Supongamos que se abre este mes… ¿quién va a pagar los sueldos? ¿El grupo Cima? Nosotros no vamos a tener la plata para pagar. Un cramdown tiene que conseguir la conformidad de los defaulteados”.
Hay dos caminos posibles, según la resolución que adopte la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: si homologa el concurso podrá seguir funcionando en los términos actuales (procesando a fasón) y asumiendo el compromiso de abonar en tiempo y forma los salarios, mientras se prepara para pagar las deudas. En tanto, no se detendrá el procesamiento de granos en las plantas del Gran Rosario, y se cumplirán los compromisos asumidos por la firma.
Caso contrario, se abriría el camino al default de la firma, con el cierre de plantas, despidos de personal y un impacto en el mercado agroexportador. Según fuentes judiciales consultadas este fin de semana, los miembros de la Corte santafecina ya tendrían definido sus votos. Antes del viernes venidero –se especula- podría conocerse la resolución.
