Me siento muy honrado por la oportunidad que me dio el destino de poder integrar el Tribunal que llevó adelante el denominado “Juicio a las Juntas Militares”. Creo que la decisión histórica y audaz del presidente Alfonsín posibilitó que la democracia naciera abrazada al imperio de la ley, a los derechos humanos, al principio de no impunidad para los poderosos.
Ese consenso del “Nunca más” a la violencia como manifestación de la política, a los golpes militares, a las violaciones a los derechos básicos del ser humano, se gestó en esos primeros años de la democracia y aún subsiste, aunque con algunas abolladuras.
El informe de la CONADEP, que empezó a correr el velo de lo que en verdad había sucedido en la dictadura, y el juicio a las juntas, que simbolizó el repudio de la sociedad, a través de la justicia y de la ley, hacia los crímenes cometidos, fueron aportes decisivos en la construcción de ese consenso.
Verdad y Justicia se alzaron como la respuesta de la democracia frente a la barbarie de los delitos cometidos en secreto, clandestinamente, y negando sistemáticamente su existencia.
La inédita decisión de Alfonsín estuvo acompañada de una sucesión de acontecimientos afortunados que posibilitaron la realización del juicio, la intervención del Congreso que modificó la primitiva estrategia gubernamental permitiendo que el tribunal civil se avocara al conocimiento de la causa, el mencionado informe de la CONADEP que facilitó enormemente la tarea de la Fiscalía y, por último, justo me parece decirlo, la notable tarea de la Cámara para realizar en un tiempo increíble, sólo 14 meses, un juicio de un volumen y complejidad extraordinaria.
En este aspecto quiero destacar el inusual espíritu de cooperación y trabajo en equipo de todos los jueces. Seguramente porque enfrentamos circunstancias muy difíciles, me une con mis colegas un lazo indescriptible de fraternidad. Recuerdo a quienes ya no están, Andrés D´Alessio y Jorge Torlasco, que tanto han hecho. Como así también a Julio Strassera, que tuvo desempeño excepcional en su función y ha quedado para siempre como el paradigma de un fiscal.
Han pasado nada menos que cuarenta años desde ese juicio, los argentinos/as hemos pasado por muchas vicisitudes, pero el principio de la soberanía popular, la condena a la violencia y el respeto a los derechos humanos permanece incólume.
Tampoco han prosperado los intentos de justificar o disculpar lo sucedido. Nadie duda hoy que el secuestro, la tortura, la violación a las mujeres, la apropiación de bienes y de criaturas, y el asesinato clandestino sean acciones de guerra, sino crímenes aberrantes a los que se debe aplicar la ley. Que los recuerdos de los primeros pasos de la democracia nos hagan proseguir en el mismo camino: el de la ley y la justicia.
