Los dramáticos hechos acaecidos el miércoles 12 de marzo pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional me generan las siguientes reflexiones:
Primera: Alberto Crescenti, titular del SAME, denunció que algunos manifestantes apedrearon las ambulancias. Nadie me va a convencer de que quienes accionan de esta manera son “angelitos” preocupados por el bienestar material de los jubilados. ¿Qué tiene esto que ver con el derecho a peticionar consagrado en nuestras leyes? Lo único que falta es que, para hacer su trabajo sin arriesgar la vida, haya que armar a los médicos y a los choferes de las ambulancias.
Segunda: en tiempo récord, una jueza liberó a 114 de los detenidos. Según sus propias declaraciones, lo hizo porque no le habían llegado las actas policiales detallando porqué habían perdido su libertad, porque privilegió los derechos humanos y porque no sabía dónde los podrían alojar. No siendo abogado, me puedo dar el lujo de preguntar: ¿no podría haber llamado ella, reclamando que le llegara la información; no podría haber esperado un poco, hasta que le llegara; encontrará a los revoltosos liberados en sus domicilios, cuando como consecuencia de los procesos abiertos tengan que volver a ser detenidos? En la Argentina de 2025 esto suena a chiste y el paralelo entre lo que pasó el miércoles 12 de este mes y el accionar de las Fuerzas Armadas durante el Proceso me suena a peligroso chiste de mal gusto.
Tercera: no hay periodista o analista que se respete que no califique de justo el reclamo de “los jubilados”. ¿Saben todas esas personas de buen corazón que a lo sumo 40% de quienes cobran jubilación alguna vez aportaron algo y que el 60% restante lo logró vía alguna moratoria? Cada vez que son entrevistados, los jubilados hablan de los aportes que hicieron toda su vida y la miseria que cobran; nunca escuché a algún representante del 60%, quien debería decir que “como no puse nada de mi bolsillo, todo lo que me dan me viene bien”.
Hablar en serio de una jubilación digna comienza por distinguir entre estos dos grupos: ¿qué tal ajustar por inflación al grupo que aportó y menos al que no lo hizo? “Derecho adquirido”, me respondieron todos los abogados a los cuales consulté. En estas condiciones el denominado problema jubilatorio no tiene solución. Por más piedras que se tiren fuera del Congreso o pronunciamientos politizados que se realicen dentro de él.