LONDRES.– El caso de Andrew Mountbatten–Windsor sumó un capítulo que sacude los cimientos de Scotland Yard. Documentos que surgieron de los archivos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen que dos oficiales de protección de la Policía Metropolitana de Londres, cuya financiación corre por cuenta de los contribuyentes británicos, recibieron instrucciones para brindar seguridad en una cena de lujo en la residencia de Jeffrey Epstein en Nueva York. El evento ocurrió en diciembre de 2010, fecha en la que el financiero ya tenía una condena por delitos sexuales contra menores de edad.
Los correos electrónicos que se dieron a conocer detallan que los guardias reales no solo se alojaron en la mansión de siete pisos del Upper East Side, sino que también contaban con códigos de acceso propios para entrar y salir a su antojo. Un mensaje que data del primero de diciembre de 2010 indica que un empleado de Epstein instruyó a los oficiales sobre su rol “en la puerta” para recibir a los invitados.
Entre los asistentes a la velada figuraron personalidades como el director Woody Allen, su esposa Soon Yi Previn y diversos conductores de la televisión estadounidense.
Esta revelación generó una reacción inmediata en la Policía Metropolitana, que ahora busca contacto con antiguos agentes que prestaron servicios de custodia al hermano del Rey Carlos III. El objetivo de la fuerza es determinar si estos oficiales presenciaron conductas inapropiadas o si existe información relevante que omitieron durante años.
Dai Davies, quien estuvo al frente del Comando de Protección Real en la década de los noventa, calificó la situación como algo que “desafía la lógica” y planteó dudas sobre una posible “cultura del silencio” dentro de la institución.
La noticia sobre los guardias surge en un momento de extrema vulnerabilidad para Mountbatten–Windsor. El jueves pasado, el expríncipe enfrentó un arresto bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. La investigación sostiene que, en su etapa como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011, compartió información gubernamental sensible con Epstein.
Los registros muestran el envío de reportes sobre visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur desde su cuenta personal. Incluso existe un texto que evidencia el traspaso de un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la provincia afgana de Helmand.
Tras permanecer bajo custodia durante once horas para un interrogatorio, el investigado recuperó la libertad, aunque no cuenta con cargos formales hasta el momento. La salida de la comisaría del Valle del Támesis marcó el inicio de su actual reclusión mediática. Por orden directa del Rey Carlos III, el hombre se trasladó a una propiedad privada de la corona en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk.
Este “escondite” rural, conocido como Wood Farm, funciona como su nuevo hogar mientras la justicia avanza con las diligencias. Las imágenes tras su liberación mostraron a un sujeto de aspecto demacrado en la parte trasera de un vehículo, lejos del brillo de su antigua vida pública.
Mientras el implicado reside bajo supervisión en Sandringham, la actividad policial no cesa. Los allanamientos en Royal Lodge, la histórica mansión de 30 habitaciones en Windsor, se extendieron por varios días. Los efectivos buscan evidencia física y digital que respalde las acusaciones de filtración de datos comerciales a la red del delincuente sexual fallecido en 2019.
Cabe recordar que Andrew ya pagó una suma millonaria en 2022 para cerrar una demanda civil por abuso sexual que presentó Virginia Giuffre, aunque siempre mantuvo su postura de inocencia frente a los hechos.
La gravedad de la situación judicial colocó a la monarquía en una crisis sin precedentes. Se trata del primer arresto de un integrante de la familia real en casi cuatro siglos, un hito que no se producía desde la detención del rey Carlos I.
Ante este panorama, el gobierno británico analiza leyes para remover a Mountbatten–Windsor de la línea de sucesión al trono, donde ocupa el octavo puesto. El Rey Carlos III, por su parte, manifestó que “la ley debe seguir su curso” y reiteró su apoyo total a las autoridades encargadas del caso.
La posibilidad de una condena por este delito conlleva una pena máxima de cadena perpetua en el sistema británico, lo que marca un destino incierto para quien fue una de las figuras centrales de la corona.
Agencia Reuters
