Después de que pidieran una instancia de diálogo con las autoridades para analizar cómo implementar la Ley de Inocencia Fiscal, las distintas entidades que nuclean a bancos con presencia en el país se reunieron hoy con funcionarios del Banco Central (BCRA). Aunque algunos participantes señalaron que estuvo también presente la Unidad de Información Financiera (UIF), cerca de Paul Starc, presidente de ese organismo, lo negaron.
Según pudo reconstruir LA NACION, la reunión en el BCRA —que fue antecedida por varios encuentros vía Zoom— fue “muy buena” y permitió avanzar en alcanzar una visión común sobre la ley, que modifica otras tres normas.
En principio, hay varias interpretaciones legales circulando, y desde las entidades buscan llegar a un punto de encuentro, más allá de que algún banco considere más riesgoso (o no) tomar los dólares “del colchón” de los ahorristas. En este sentido, la semana próxima podría haber más precisiones acerca de dónde están parados estrictamente desde el punto de vista legal.
Por el BCRA, no hubo ningún miembro del directorio sino funcionarios de línea como Nathan Kogan, gerente principal de cumplimiento ante la UIF -OC. Según el Central, no tienen que emitir ninguna reglamentación, ya que la potestad normativa de la inocencia fiscal corre por cuenta de la UIF.
Por el sector privado asistieron autoridades del Banco Nación y también de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra).
Cabe recordar que, sobre el cierre de 2025, Abappra había iniciado gestiones ante las diferentes instancias regulatorias para favorecer el diálogo interinstitucional y coordinar la implementación de la norma en el sector financiero.
Según la asociación, la nueva legislación introduce modificaciones estructurales en el régimen penal tributario, que afectan los parámetros de cumplimiento y los procesos de control vigentes. Por este motivo, solicitó formalmente la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que integre al BCRA, la UIF y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo era alinear criterios interpretativos para asegurar una lectura uniforme de las nuevas figuras legales; definir lineamientos operativos que permitan establecer procesos claros para las entidades financieras desde el inicio de la vigencia de la ley; y garantizar la seguridad jurídica para mitigar riesgos operativos y asegurar la correcta aplicación de los estándares de cumplimiento.
“Desde Abappra reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del sistema financiero, trabajando de manera conjunta con los organismos reguladores para adaptar los marcos de control a la nueva realidad normativa”, dijeron.
En los días previos se había generado una controversia en el sector porque, tras la aprobación de la ley el viernes 26 de diciembre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que los bancos no debían solicitar más información a las personas que quisieran depositar dólares no declarados que la constancia de adhesión al régimen simplificado de Ganancias. Además, sugirió que si a un usuario se le pedían más requisitos, se dirigiera al Banco Nación, donde el presidente de la entidad iba a dar la instrucción de cumplir estrictamente con la norma.
De acuerdo con esto, el Nación realizó un posteo en X en el que invitaba a los clientes a llevar sus ahorros ese mismo lunes, aunque luego fue borrado unas horas más tarde porque aún no había salido la reglamentación de la ley.
Con la colaboración de Javier Blanco
