El gobierno de La Libertad Avanza está haciendo un esfuerzo descomunal para reencauzar sustentablemente la economía de nuestro país, desquiciada luego de tantos años de políticas populistas que condenaron a más de la mitad de la población a vivir por debajo de la línea de pobreza. Ese trabajo quirúrgico que se está ejecutando para desactivar todas las bombas económicas que maliciosamente dejó sembradas el kirchnerismo, busca domesticar la inflación, consolidar el equilibrio fiscal y eliminar impuestos, o cuanto menos reducirlos, mientras se trabaja en una drástica simplificación de toda la estructura impositiva.
En ese contexto, y luego de 22 años de reclamos ininterrumpidos, el campo argentino valora positivamente el gesto del gobierno del presidente Javier Milei, de comenzar a transitar un camino de disminución de la presión impositiva que agobia a toda actividad económica, al reducir parcialmente, aunque en forma temporaria, los derechos de exportación que castigan de manera discriminatoria a la producción agropecuaria hasta el punto de volverla inviable. Esta actitud debería ser imitada por todas las administraciones provinciales y municipales.
Sin embargo, no se puede dejar de marcar que, en virtud de los mecanismos administrativos para acceder a este “beneficio”, sumado a su temporalidad limitada, se propicia un escenario en el que buena parte de la eventual mejora de precios que debería generar esta medida no llegue efectivamente al productor, sino que quede retenida en otros eslabones de la cadena.
En un escenario caracterizado por productores que se encuentran afectados por una caída generalizada del precio internacional de commodities, un marcado aumento de costos de producción como consecuencia del sinceramiento de múltiples variables económicas, y una pronunciada falta de lluvias en buena parte del área agrícola, a lo que se le suma un atraso creciente del tipo de cambio — herramienta económica que el Gobierno utiliza para anclar la expectativa inflacionaria — se anuncia una medida que busca presentarse como un alivio fiscal para los productores, pero que en realidad es una estrategia para promover una mayor liquidación de divisas durante los próximos meses.
Por lo tanto, esta medida tiene una intencionalidad fundamentalmente recaudatoria, que, como tantas otras resoluciones del anterior gobierno, terminará generando valores artificiales producto de intervenciones altamente distorsivas, y no el oficialmente declamado fin solidario motivado en las penurias financieras del principal motor de la economía nacional, que, como mencionamos, se encuentra asfixiado por la altísina presión impositiva. De lo contrario, la instrumentación de la resolución tendría mecanismos que aseguren su inmediato traslado al precio que recibe el productor.
Lamentablemente, el Gobierno no elige conversar con los legítimos representantes de los productores, sino que lo hace con quienes representan a los eslabones de la exportación, resultando en consecuencia, resoluciones que en su implementación no contemplan las genuinas necesidades del sector primario.
No obstante, se ha generado una expectativa que aumenta la esperanza de que una vez cumplido el plazo de vigencia de esta rebaja, que culmina el próximo 30 de junio, el Gobierno anuncie la eliminación total y definitiva de los derechos de exportación, impuesto injusto y distorsivo que condenó al país al destino de decadencia del que estamos tratando de escapar, pero cuya superación solo será posible a partir del momento en que la liberación de las fuerzas productivas sea mucho más que una promesa de campaña.
Todos aquellos que queremos que la gestión del presidente Milei sea verdaderamente exitosa, intentamos desde el lugar que nos toca, acercarle nuestra visión, muchas veces diferente a la de tantos aduladores de turno y oportunistas de siempre.
El autor es productor agropecuario
