El juez federal Sebastián Casanello desestimó el pedido de nulidad presentado por Martín Magram, abogado defensor de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker. La solicitud se refería a la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que también están denunciados el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el asesor presidencial Eduardo «Lule» Menem.
Magram argumentó que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS, que fueron difundidos por medios de comunicación, vulneraban los derechos constitucionales de sus defendidos. Sin embargo, Casanello consideró que estos audios, al haber sido hechos públicos, constituyen una «notitia criminis» suficiente para iniciar una investigación penal, como señaló la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa.
El juez también criticó la postura de la defensa, calificándola de «especulativa y contradictoria». Señaló que, inicialmente, la defensa solicitó el análisis de los audios y la obtención de copias de los soportes. Posteriormente, tras el allanamiento de la empresa, modificaron su estrategia, calificando las grabaciones como prueba prohibida y solicitando el cierre de la causa. Casánello calificó este cambio de enfoque como un «sofisma de petición de principio», es decir, una argumentación que parte de una premisa falsa para llegar a una conclusión también falsa.
Además, en el marco de esta investigación, Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por presuntamente haber advertido a Jonathan Kovalivker sobre el inminente allanamiento. También denunció al encargado de sistemas de la droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, por obstruir el allanamiento realizado el 29 de agosto por la Policía de la Ciudad.
