La situación financiera de Los Grobo Agropecuaria SA y Agrofina, ambas del grupo Los Grobo, y la compañía de insumos agrícolas Surcos se vuelve cada vez más complicada tras el default de sus pagarés y otros instrumentos financieros. Según datos del Banco Central (BCRA), entre el 2 y el 6 de este mes, Los Grobo Agropecuaria registró 15 pagos de cheques rechazados por $1376 millones, mientras que Agrofina sumó otros tres por $950 millones entre el 2 y el 8 de enero.
Por su parte, la firma Surcos, que también cayó en default por US$500.000, informó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que enfrenta un juicio con Finlatina SA y un embargo por más de $21 millones.
El 27 de diciembre pasado, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, ambas empresas del grupo Los Grobo, notificaron a la CNV que dejarían de pagar pagarés por un total de US$10 millones hasta el 31 de marzo de 2025. El grupo es controlado en un 90% por el fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP), mientras que el 10% restante pertenece a Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde.
Esta semana, el grupo comunicó que la agencia FIX (afiliada a Fitch Ratings) redujo la calificación crediticia de Los Grobo Agropecuaria (LGA) de BBB(arg) a C (arg). “Esto responde al anuncio de que la compañía no cumplirá con sus compromisos financieros”, explicó FIX en su informe. La agencia también destacó: “Ante la volatilidad de los flujos en los últimos trimestres, siempre incorporamos una visión consolidada de Agrofina y Los Grobo Agropecuaria, incluyendo el compromiso de integración de un aporte de capital en LGA, previsto para el último trimestre de 2024, el cual fue postergado”.
A noviembre de 2024, la deuda consolidada del grupo ascendía a US$207 millones, con vencimientos de corto plazo por US$52 millones. FIX subrayó que “el saldo de caja e inversiones corrientes consolidado era de US$15 millones, sumado a inventarios de rápida realización por USD 65 millones”, pero advirtió que un incumplimiento efectivo podría llevar la calificación a D(arg).
Los Grobo Agropecuaria atribuyó su situación a varios factores: la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro, la imposibilidad de cobrar créditos clave y las dificultades financieras de una empresa vinculada. Estas razones impidieron el pago de un pagaré de US$ 100.000 y el cumplimiento de otros vencimientos hasta marzo de 2025.
Por su parte, Agrofina explicó que su incumplimiento se debió a “una retracción significativa en las ventas de agroinsumos, lo que afectó el flujo de fabricantes y distribuidores. Esto provocó una fuerte caída en el mercado de fitosanitarios, sumado a la acumulación de stocks en los canales de distribución”. También señaló que la falta de liquidez en el mercado de pagarés bursátiles les impidió cubrir un pagaré de $400 millones.
En tanto, Surcos enfrenta un panorama complejo. En una carta enviada a la CNV, Sebastián Calvo, CEO de la compañía, informó que “se ha tomado conocimiento respecto de que se ha entablado en contra de la sociedad un juicio ejecutivo por la suma de $50.000.000 en el marco de los autos ‘FINLATINA SA C/ SURCOS SA S/ JUICIO EJECUTIVO’ (Expte. 21/02050723/0), radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3, Secretaría Única de Santa Fe”. Además, agregó que el mismo incluye un embargo por $21.666.666,66.
La firma, que había caído en default el pasado 28 de noviembre al incumplir el pago de un pagaré bursátil por US$500.000, explicó que este hecho está vinculado a la caída del mercado de fitosanitarios en 2023, que sufrió una baja superior al 30%. Además, el inicio de un plan de expansión internacional en noviembre, con una inversión de US$ 36 millones, afectó gravemente su flujo operativo.
La situación de Surcos se agravó con una acusación penal de la CNV por presunto engaño a inversores. Según el organismo, días antes de declarar la imposibilidad de pagar el pagaré vencido en noviembre, Surcos emitió Obligaciones Negociables Serie XIV sin divulgar información sobre su estado financiero. Por este motivo, la CNV afirmó que existen “fundamentos razonables para formular una denuncia penal” por presuntas infracciones al artículo 309 del Código Penal y al artículo 20 de la Ley 26.831 de Mercados de Capitales.
En respuesta, la compañía informó que ejercerá su derecho de defensa y confirmó que se le impuso “una medida cautelar de inhibición general de bienes y el embargo por US$5.547.816, con más la suma de US$2.000.000 estimada provisoriamente para afrontar el pago de intereses”.
LA NACION