Según la investigación, Yanira Natalia Correa, habría usado comprobantes de pago estaban adulterados, ya que contenían un CUIT inexistente, muy similar al DNI de la imputada.
El juez Roberto Jorge Montilla ordenó libertad inmediata de Yanira Natalia Correa, acusada de cometer estafas reiteradas en concurso real, a diferentes locales comerciales de la misma firma en un paseo comercial de Caucete. Pese a esto, le impuso medidas de coerción para evitar que entorpezca la investigación.
El magistrado consideró que no era necesario dictar prisión preventiva, pero ordenó que la imputada no salga de la provincia sin autorización judicial y que no se acerque durante seis meses a los locales comerciales denunciantes. Además, resolvió que no deberá presentarse periódicamente en la Comisaría 9ª, debido a que atraviesa un embarazo de riesgo, circunstancia acreditada este viernes en audiencia.
La defensa, a cargo de la Dra. Filomena Noriega, insistió en que no se le mantenga ni siquiera en comisaría por este motivo y pidió su libertad en razón de que no registra antecedentes.
Durante la audiencia, la ayudante fiscal del caso, Silvina Putelli detalló que la investigación se originó a partir de la denuncia presentada el 5 de noviembre, por un comerciante que posee varios locales en el departamento Caucete, bajo distintas denominaciones comerciales, entre ellos Mil Opciones, Superofertas y Bella Paloma.
Según la acusación, Correa, quien había trabajado previamente como empleada en uno de esos comercios, realizaba compras de gran volumen y presentaba comprobantes de transferencias bancarias falsas, supuestamente efectuadas a través de Mercado Pago. Sin embargo, el dinero nunca ingresaba a las cuentas de la sociedad.
La fiscal explicó que la imputada conocía el sistema interno de control de pagos, que se basaba en la verificación visual de comprobantes, y se habría aprovechado de esa modalidad para concretar la maniobra fraudulenta. Al revisar operaciones anteriores, los comerciantes detectaron numerosas compras similares realizadas durante octubre y noviembre, con montos individuales de entre 40 y 50 mil pesos.
El perjuicio económico total fue estimado en aproximadamente 4 millones de pesos. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la imputada tiene tres procesos abiertos y contaba con un beneficio de suspensión de proceso a prueba por el termino de un año, otorgado el 19 de enero de 2021 por el delito de hurto calificado. La fiscal indicó que estaba pendiente verificar si éste se cumplió.
Pruebas reunidas
La investigación permitió establecer que los comprobantes de pago estaban adulterados, ya que contenían un CUIT inexistente, muy similar al DNI de la imputada, con algunos dígitos modificados. Informes oficiales confirmaron que las transferencias nunca existieron.
Durante la detención, concretada el 17 de diciembre, se secuestró un teléfono celular y más de 80 comprobantes apócrifos, además de registros de cámaras de seguridad, capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp y documentación comercial que respaldan la acusación.
La fiscalía encuadró los hechos como estafas reiteradas en concurso real, en calidad de autora penalmente responsable, conforme a los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal.
Investigación en curso
El juez otorgó un plazo de investigación penal preparatoria, durante el cual se producirán testimoniales de empleados, socios de los comercios afectados, pericias sobre el teléfono secuestrado y el análisis de los comprobantes, además de la posible incorporación de nuevas denuncias de otros comerciantes que podrían haber sido víctimas de una modalidad similar.
