El Senado uruguayo aprobó este miércoles la ley que despenaliza la muerte asistida bajo condiciones específicas. La iniciativa recibió media sanción de la Cámara de Diputados el pasado agosto. Con esta medida, el país establece un marco normativo para la práctica de la eutanasia. La norma recibió 20 votos a favor sobre un total de 31 legisladores presentes en la sesión.
La normativa establece una serie de requisitos estrictos para acceder al procedimiento. La persona solicitante debe ser mayor de edad, ciudadano uruguayo o residente legal y estar psíquicamente apta para tomar la decisión. Además, debe padecer una patología incurable en etapa terminal o una enfermedad que provoque sufrimientos insoportables junto a un grave deterioro de su calidad de vida.
El proceso tiene varias etapas con garantías para el paciente y el personal médico. El médico que recibe la primera solicitud puede rechazarla. En ese caso, el paciente tiene la opción de consultar a otro profesional. Si el segundo médico también niega el pedido, se convoca una junta médica. Este tribunal estará integrado por tres profesionales: un psiquiatra, un especialista en la patología del paciente y un tercer experto.
Si el primer médico acepta la solicitud, debe someter el caso a un segundo colega. Este segundo profesional revisará el historial clínico y mantendrá una consulta presencial con el solicitante para confirmar el diagnóstico y la voluntad del paciente. El solicitante debe dejar constancia de su voluntad por escrito frente a testigos. El paciente conserva el derecho de arrepentirse en cualquier momento del procedimiento.
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La ley autoriza a varias instituciones a realizar la práctica. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), las mutualistas, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial podrán ofrecer la eutanasia. Las clínicas privadas no tienen autorización para brindarla. A efectos legales, todas las muertes asistidas bajo esta ley se considerarán muertes naturales.
El proyecto también contempla la creación de una comisión de revisión de casos. Este organismo deberá elaborar informes anuales sobre los procedimientos realizados para su supervisión. La iniciativa fue impulsada por el partido de gobierno, el Frente Amplio (FA).
La aprobación de la ley generó diversas reacciones en la sociedad uruguaya. La activista Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, destacó que la clave de la normativa es el respeto a la voluntad de una persona para terminar con su sufrimiento. Salgueiro acompañó a su padre, Pablo Salgueiro, quien murió a los 57 años a causa de ELA y deseaba acceder a la muerte asistida.
Una encuesta de la consultora Cifra, presentada en mayo, reflejó un amplio apoyo social. El 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia. Solo un 24% la rechaza.
El Colegio Médico del Uruguay adoptó una posición neutral. La entidad no proclamó una postura institucional debido a la diversidad de opiniones entre sus socios. Su presidente, Álvaro Niggemeyer, informó que la organización asesoró durante el proceso legislativo para asegurar las máximas garantías para pacientes y médicos.
La Iglesia Católica manifestó su “tristeza” tras la votación en Diputados. Más de una decena de organizaciones y ciudadanos criticaron el proyecto. Calificaron la redacción como “deficiente y peligrosa”.
Con esta ley, Uruguay se convierte en el tercer país de América Latina en permitir la muerte asistida. Colombia y Ecuador ya la despenalizaron previamente a través de fallos judiciales. La legislación uruguaya es la primera de la región aprobada por el Poder Legislativo.
A nivel mundial, el país se suma a una lista que incluye a Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. Sus defensores enmarcan esta legislación dentro de una tradición de leyes liberales en el país, como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
