En el marco del proceso de desregulación que impulsa el Gobierno para simplificar y agilizar ciertos procesos burocráticos, en febrero de este año se oficializó un paquete de medidas que introduce modificaciones clave en materia de importación de vehículos y autopartes, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), licencias de conducir y el funcionamiento de los peajes en todas las rutas nacionales, entre otras.
Uno de los puntos que más dudas y expectativas generó en el sector fue el referido a la posibilidad de importar vehículos usados. La entrada en vigencia del decreto 196/2025 incorporó entre sus novedades un nuevo esquema para facilitar el ingreso de unidades automotrices a la Argentina, tanto por parte de terminales como de particulares.
Entre los cambios más relevantes se destacó la simplificación de los trámites mediante la eliminación de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), en aquellos casos en los que los vehículos cuenten con certificaciones internacionales reconocidas en materia de seguridad y emisiones (aquellos que provienen de Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, principalmente).
Para los particulares que deseen importar vehículos nuevos, el nuevo marco habilita el uso de un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que se tramita ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esta opción había sido anticipada como parte del plan de apertura del mercado por el ministro Federico Sturzenegger y tiempo después fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
No obstante, el ingreso de autos usados continúa con ciertas restricciones, y el nuevo decreto no habilita su importación libre, como en algún momento se especuló. En efecto, el Gobierno debió aclarar que la emisión del CSV no habilita el ingreso de vehículos usados en general, sino únicamente en los casos ya contemplados por la normativa vigente.
El rol del ACE 14 y las restricciones vigentes
La limitación a la importación de autos usados tiene como fundamento el Acuerdo de Complementación Económica N°14 (ACE 14), suscripto entre la Argentina y Brasil en el marco del Mercosur, que establece la prohibición expresa del ingreso de vehículos usados al país, con excepciones puntuales.
Este acuerdo, vigente desde 1990 y reforzado por el Decreto 110/99, busca preservar el equilibrio del comercio automotor entre ambos países y “proteger la producción regional”. Los únicos casos en los que está permitido importar un vehículo automotor usado son:
Por fuera de estas situaciones, la importación de vehículos usados permanece prohibida.
Cómo modifica realmente el proceso de importación de autos usados
La confusión que se generó en torno a este tema tiene origen en la posibilidad de que particulares puedan ahora importar vehículos nuevos de forma directa, sin necesidad de contar con una empresa intermediaria, y a través de un trámite relativamente más sencillo si se dispone de los certificados internacionales adecuados. Pero esta alternativa no aplica para los autos usados.
El nuevo CSV puede ser utilizado para validar una unidad que cumpla con los estándares internacionales exigidos, pero en ningún caso elimina la restricción que pesa sobre los vehículos usados, tal como lo establece el ACE 14. La regulación sigue alineada con la normativa del Mercosur, y no hay una apertura para traer usados en forma generalizada, como puede ocurrir en otros países que no posean una industria automotriz local.
Desburocratización de las autopartes
Más allá del tema de los usados, el resto de las medidas apunta a reducir la burocracia y dinamizar el mercado, según destacaron desde varias terminales automotrices. Entre los principales beneficios, se contempla una homologación automática para unidades importadas que cuenten con certificados de circulación emitidos en países de “alta vigilancia” en términos de seguridad, como los de la Unión Europea o Estados Unidos.
En paralelo, también se eliminaron algunos trámites presenciales para las autopartes, como el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS), que ya no requiere ser gestionado ante una oficina estatal si las piezas poseen la certificación internacional correspondiente.
Las que no cuenten con la misma, deberán seguir obteniendo la certificación correspondiente según las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y el INTI.
LA NACION