Un tribunal especial de Bangladesh sentenció este lunes a la exprimera ministra Sheikh Hasina a la pena de muerte. La condena por crímenes contra la humanidad responde a su rol en la represión de las protestas estudiantiles de julio y agosto de 2024, una crisis que terminó con su gobierno de 15 años. El juicio se realizó en ausencia, ya que la exmandataria de 78 años permanece exiliada en India. Su partido, la Liga Awami, calificó el proceso como una manipulación política y convocó a un paro nacional.
El fallo de 453 páginas impuso la pena capital a la exjefa de gobierno y a su exministro del Interior, Asaduzzaman Khan. La corte encontró a Hasina culpable de múltiples cargos. Entre ellos se encuentran el asesinato de seis manifestantes desarmados el 5 de agosto de 2024 en Chankharpul y la orden de un ataque que causó otras seis muertes en Ashulia. En ese último episodio, cinco personas murieron quemadas vivas.
Fatima Tuj Johora – AP
La sentencia detalla que la exprimera ministra dio instrucciones para usar helicópteros, drones y armas automáticas contra los estudiantes. También la responsabiliza por incitar a las fuerzas de seguridad a disolver por la fuerza cualquier tipo de concentración. Hasina también recibió una condena a cadena perpetua por incitación pública y órdenes de exterminio. Un exjefe de la policía obtuvo una pena de cinco años de cárcel tras colaborar con la investigación como testigo del Estado y admitir su participación en las órdenes represivas.
La fiscalía sustentó su caso con 8747 páginas de pruebas. El material incluía comunicaciones internas del gobierno y los testimonios de 54 testigos. El tribunal concluyó que existió una “conspiración deliberada y sostenida” para el uso de fuerza letal contra civiles, una violación de las leyes nacionales e internacionales. La fiscalía solicitó la confiscación de los bienes de los condenados para compensar a las víctimas.
Michel Euler – AP
La lectura del veredicto se produjo en un clima de alta tensión política. Un perímetro de seguridad de cuatro capas, con miembros del Ejército, la Guardia Fronteriza y otras fuerzas especiales, rodeó la corte en Daca. La Liga Awami, el partido de Hasina, denunció el juicio como “ilegal” y “manipulado”. Sus líderes llamaron a un paro nacional en protesta por la decisión judicial.
La defensa estatal, designada para representar a la exmandataria, argumentó que los cargos carecían de fundamento y solicitó la absolución. La decisión del tribunal llega semanas antes de las elecciones parlamentarias previstas para febrero. La Liga Awami tiene prohibida su participación en esos comicios. Diplomáticos y organizaciones de derechos humanos expresaron su temor a que la sentencia genere una nueva ola de protestas.
El fallo puede ser apelado ante el Tribunal Supremo. Personas cercanas a Hasina indicaron que no presentarán un recurso hasta la conformación de un gobierno electo con garantías democráticas. La exprimera ministra enfrenta otros tres casos en el Tribunal Internacional de Crímenes. Dos son por desapariciones forzadas y uno por la represión de manifestantes en 2013.
La crisis que terminó con la caída de Hasina comenzó en julio de 2024. Estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir el fin de un sistema de cuotas en el empleo público. La normativa reservaba el 30% de los puestos para familiares de veteranos de la guerra de independencia. El reclamo académico escaló con rapidez. Se convirtió en un estallido nacional que canalizó el descontento por años de represión política y denuncias de fraude electoral.
MUNIR UZ ZAMAN – AFP
La respuesta de las fuerzas de seguridad con fuerza letal desató un ciclo de violencia. Hacia finales de julio, las marchas estudiantiles se transformaron en una revuelta abierta contra el gobierno. Las autoridades impusieron toques de queda y cortes prolongados de internet, incluida la suspensión total del servicio móvil. La presencia militar aumentó en las calles.
La violencia dejó un saldo trágico. Naciones Unidas estimó que hubo hasta 1400 muertos y más de 14.000 heridos, la mayoría por disparos de la policía. El gobierno interino informó más de 11.000 detenciones.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
