Por segundo año consecutivo, el Gobierno inicia un nuevo ciclo fiscal sin contar con una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. La situación, formalizada mediante el Decreto Nº 1131/2024, que prorroga el presupuesto 2023, plantea interrogantes sobre sus consecuencias económicas y políticas. Especialistas consultados por LA NACION coinciden en que este escenario tiene tanto ventajas como riesgos.
Según Sebastián Menescaldi, director de Eco Go Consultores, el hecho de no contar con un presupuesto aprobado podría interpretarse como una ventaja para el presidente Javier Milei. “Le permite mayor flexibilidad en el manejo de ingresos y gastos, especialmente para evitar que el Congreso lo obligue a incluir erogaciones adicionales que podrían poner en riesgo su objetivo de déficit cero”, afirmó. Sin embargo, Menescaldi advirtió que este enfoque podría generar tensiones con las provincias, principales perjudicadas por la falta de una normativa que especifique los recursos que recibirán.
El uso de presupuestos prorrogados no es nuevo en la política argentina. Durante el kirchnerismo, esta práctica fue habitual, aunque con fines diferentes. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, destacó las diferencias entre ambos contextos. “En el pasado, se buscaba discrecionalidad para usos políticos. En el caso de Milei, el objetivo parece ser garantizar el equilibrio fiscal, algo que constituye la piedra fundamental de su política económica”, sostuvo. No obstante, Tiscornia subrayó que la ausencia de un presupuesto votado también implica un retroceso institucional, dado que se pierde la oportunidad de generar una señal de consenso político y credibilidad ante los mercados.
En una línea similar, Claudio Caprarulo, director de Analytica, alertó sobre las implicancias simbólicas de esta situación. “El presupuesto aprobado no solo organiza los recursos del Estado; también representa un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el plan de gobierno. La falta de consenso afecta las expectativas sobre la sostenibilidad del programa económico”, afirmó.
Aunque Caprarulo no prevé un impacto inmediato en los mercados, consideró que la discrecionalidad puede erosionar la confianza a mediano plazo.
El comunicado emitido por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) también llamó la atención sobre las implicancias más profundas de la prórroga presupuestaria. “Esta situación refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios en el Congreso, lo que constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional”, señaló la organización en su informe.
Además, destacó que el presupuesto es más que un instrumento financiero: incluye metas de resultado fiscal, planes de infraestructura, transferencias a provincias y municipios, y pautas para salarios públicos, entre otros aspectos clave.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la prórroga como una medida necesaria para garantizar la continuidad administrativa. Según establece la Ley Nº 24.156, ante la falta de un presupuesto aprobado, el Ejecutivo queda facultado para realizar los ajustes indispensables que aseguren el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de compromisos de deuda.
Sin embargo, más allá de las implicancias inmediatas, el contexto actual plantea un debate de fondo sobre la calidad de la gestión pública y la percepción internacional del país. Tiscornia señaló que, aunque en el pasado los presupuestos votados estuvieron muchas veces basados en supuestos poco realistas, su aprobación sigue siendo una herramienta valiosa para fortalecer la credibilidad institucional. “Un presupuesto equilibrado y consensuado habría sido una señal positiva para los mercados y para la ciudadanía”, afirmó.
Para Milei, la flexibilidad otorgada por este esquema podría ser una herramienta útil para implementar su agenda económica.
La continuidad de esta situación año tras año podría consolidar una dinámica que, según los analistas, pone en juego el delicado equilibrio entre pragmatismo fiscal y calidad institucional.