En las últimas dos semanas, la atención del frente económico-financiero se concentró principalmente en los movimientos de la tasa de interés, que mostró una alta volatilidad. Este fenómeno debe analizarse en el contexto general de la economía y no como un hecho aislado.
¿Cómo se llegó a esta situación?
Semanas atrás, el Banco Central (BCRA) anunció un cambio en su enfoque de política monetaria, promoviendo la “libre determinación de las tasas de interés”. Bajo este nuevo esquema, la autoridad monetaria perseguiría objetivos de agregados monetarios, dejando que el equilibrio entre oferta y demanda de dinero sin intervención del Estado determinara las tasas de interés y, en consecuencia, el tipo de cambio, siempre que éste no superara el techo definido en el esquema cambiario acordado con el FMI en el marco del programa vigente.
Con el vencimiento de las Letras de Fijación de Liquidez (LEFI), que hasta entonces se utilizaban para esterilizar el exceso de dinero en la economía a la tasa de política monetaria, la tasa de interés se desplomó, generando nuevas presiones sobre el tipo de cambio. ¿Por qué ocurrió esto? Principalmente por dos razones:
Si bien el objetivo de quitar al Estado del rol de esterilizador estructural de liquidez —y así corregir distorsiones en la intermediación financiera— es legítimo, alcanzarlo requiere preparación. Este tema se analiza en profundidad en el documento “Asignación de la liquidez y política monetaria” publicado por Fundar y Suramericana Visión en 2023.
Frente al derrumbe de las tasas, el Gobierno intervino: absorbió liquidez y así estableció un piso para la tasa de interés, que desde entonces entró en una dinámica errática. ¿Qué implicancias tiene esto y cómo continúa la situación?
En primer lugar, los cambios de reglas y la consiguiente volatilidad probablemente serán penalizados por el mercado, lo que implicará un mayor costo financiero para el Gobierno en lo que resta del año. Esto impacta negativamente en el plano fiscal, sobre el nivel de actividad y genera nuevas dudas sobre las perspectivas de reducción de la inflación luego de las elecciones legislativas. Esta última preocupación se sustenta en la idea de que resulta socialmente inviable sostener tasas reales demasiado elevadas, dado que ello implicaría un Estado aún más reducido para poder afrontar mayores pagos de intereses.
Por otro lado, se espera que la próxima semana el directorio del FMI apruebe un nuevo desembolso de US$2000 millones en el marco del programa de Facilidades Extendidas acordado en abril. Esto incrementaría transitoriamente la liquidez en dólares disponible para el BCRA, contribuyendo a moderar las presiones cambiarias en el período preelectoral.
Asimismo, es probable que el Gobierno intente extender la fecha de corte para la siguiente revisión de las metas del programa, buscando ganar tiempo para acumular reservas. Esto permitiría suspender las compras de divisas tras el desembolso del FMI y hasta después del ciclo electoral, lo que también contribuiría a contener las tensiones cambiarias en ese interín.
En resumen, se proyecta una economía que, en la antesala electoral, logra mantener acotada la volatilidad del tipo de cambio y mantener la inflación por debajo del 2% mensual, a costa de una desaceleración del nivel de actividad, tasas de interés más altas y un mayor endeudamiento con el FMI. Es decir, se pagan costos futuros con el objetivo de evitar una reversión del proceso de desinflación en los meses previos a las elecciones legislativas provinciales y nacionales de septiembre y octubre, respectivamente.
*El autor es exministro de Economía, y presidente de Suramericana Visión, consultora que presenta todas las semanas un editorial y un informe escrito por Guzmán, Guillermo Hang y Ramiro Tosi
