Unos 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lograron ingresar legalmente a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden se enfrentan ahora a la posibilidad de ser detenidos y deportados.
En el marco de sus medidas para combatir la inmigración y blindar las fronteras estadounidenses, el presidente Donald Trump le revocó el parole humanitario a los migrantes de los cuatro países latinoamericanos, con lo cual perderán el derecho a permanecer en el país.
“La necesidad de romper el ‘círculo vicioso’ de la inmigración ilegal sustenta esta decisión”, se lee en el documento del Departamento de Seguridad Nacional en el que se anuncia la medida, que entrará en vigor el próximo 24 de abril.
El parole humanitario es una figura legal, a través de la cual se “autoriza el permiso de permanencia temporal a una persona que es inadmisible o no elegible para ingresar a Estados Unidos”, se lee en la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al secretario de Seguridad Nacional la potestad de otorgar “de manera discrecional” el permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, solicite ser admitido a EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
En la práctica son tres los organismos -dependientes del Departamento de Seguridad Nacional- que toman esa decisión: el USCIS, la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El parole humanitario es una figura legal con una larga historia y ha sido utilizada por gobiernos de distinto signo en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas siete décadas, recordó el Comité Internacional del Rescate, una organización fundada en 1933 por Albert Einstein para ayudar a refugiados a conseguir protección en otras tierras.
El primer registro que se tiene del uso de la figura data de 1956, cuando el entonces presidente Dwigth Eisenhower -republicano como Trump- le ordenó al fiscal general que le concediera un “permiso temporal a 30.000 refugiados húngaros” para que ingresaran al país, de acuerdo con los registros del Consejo Americano para la Inmigración, una organización no gubernamental con sede en Washington.
A medida que la Guerra Fría se calentaba y los conflictos se producían por todo el globo su uso se hizo más frecuente. Así, en las décadas de 1960 y 1970, más de 690.000 cubanos y casi 360.000 nacionales de Vietnam, Camboya y Laos pudieron ingresar a EE.UU. gracias a este recurso.
En los años siguientes, una serie de reformas legales buscaron regular la figura del parole para que pudiera ser otorgado “solo caso por caso” y “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
Sin embargo, los cubanos que lograban escapar de la isla cruzando el estrecho de Florida lo siguieron recibiendo para “evitar el riesgo de ser detenidos”.
Aunque la legislación estadounidense establece que el parole se puede otorgar “por razones humanitarias urgentes”, en su texto no específica claramente cuáles son esos motivos.
No obstante, el USCIS ha establecido que entre las circunstancias para concederlo figuran: recibir tratamiento médico en EE.UU.; donar un órgano a un estadounidense; visitar o cuidar a un familiar enfermo que se encuentre en EE.UU. o asistir a su funeral; o para protegerse de daños específicos o individualizados.
La legislación también prevé como razón para conceder este tipo de permiso el “beneficio público significativo”.
“Este tipo de parole se le otorga (a los extranjeros) para permitirles ser testigos en un proceso penal por tráfico de drogas”, ilustró el Consejo Americano para la Inmigración.
Ahora, respecto a su duración, el USCIS en su sitio web señala que “normalmente no supera un año”, aunque también aclara que las autoridades migratorias pueden “otorgarlo por una duración mayor, dependiendo del motivo”.
Biden concedió, en julio pasado, el parole humanitario a los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos por un período de dos años.
¿No estaba entonces el gobierno estadounidense obligado a esperar hasta julio de 2026 para tomar cualquier medida?
No, porque la legislación también le otorga a las autoridades la potestad discrecional de dejarla sin efecto “sin previo aviso”, tal y como acaba de hacer Trump.
Además de ingresar legalmente a EE.UU., los beneficiarios del parole humanitario pueden recibir un permiso de trabajo, aunque deben solicitarlo expresamente.
“Solamente los paroles otorgados a los ucranianos y afganos venían con permisos de trabajo automáticos”, apuntó el Comité Internacional del Rescate.
La medida otorgada por Biden a los nacionales de los cuatro países latinoamericanos también exigía que los migrantes tuvieran un patrocinador en EE.UU. que asumiera la responsabilidad financiera durante su estancia, para evitar que fueran una carga económica para el Estado.
“Una persona en EE.UU., un ciudadano o un residente, realizaba una solicitud electrónica para pedir por una tercera persona que estaba fuera del país, alegando razones humanitarias”, explicó a BBC Mundo el abogado Julio César Henríquez.
“Si la petición era aceptada, entonces aquel que fue solicitado debía llenar otra planilla pidiendo su ingreso. Una vez recibida la respuesta afirmativa la persona podía viajar a EE.UU. y entrar”, añadió.
Carolina Jiménez, directora de la organización no gubernamental WOLA, dejó claro que el parole humanitario “no se le otorgaba a cualquiera”.
“Necesitabas un patrocinador, un pasaporte, dinero para el pasaje y todo eso era revisado caso por caso”, aclaró a BBC Mundo.
El parole humanitario y el TPS (Estatuto de Protección Temporal) son dos instrumentos legales diferentes.
“El parole se otorga, por razones especiales, a personas que están fuera de EE.UU. y que quieren entrar, pero no cumplen con los requisitos para obtener una visa. Por su parte, el TPS es un estatus migratorio que se le otorga a extranjeros que ya están dentro de EE.UU., sin importar si entraron legal o ilegalmente”, explicó Henríquez.
Los TPS generalmente se dirigen a nacionales de países que experimentan conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales que “impiden a las personas regresar a sus hogares de manera segura”, apuntaron desde la organización Boundless, la cual se dedica a facilitar la inmigración hacia EE.UU.
Ambas figuras pueden -en ciertos casos- complementarse e incluso sobreponerse entre sí, explicó el abogado consultado por BBC Mundo.
“Alguien con parole entró legalmente al país y, por lo tanto, tiene más chance de regularizar su situación migratoria que alguien entró ilegalmente”, concluyó.
El próximo 24 de abril, a las personas que gozan de este beneficio migratorio se les cancelará el permiso de trabajo y cualquier otra protección contra la deportación con la que cuenten.
En consecuencia, deberán salir del país o se enfrentan a ser detenidos por agentes de migración.
“Lo que está haciendo es cambiar el estatus de miles de personas que llegaron legalmente al país y retroactivamente los está convirtiendo en ilegales, obstaculizando así el camino para regularizar su situación”, alertó Henríquez.
Por su parte, la directora de WOLA cree que la medida no es solo otro ejemplo “de la agresiva política antiinmigración” de la administración Trump, sino una prueba de las propias contradicciones internas de ese gobierno.
“Mientras el secretario de Estado (Marco Rubio) dice que Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad, tienes a la secretaria de Seguridad Nacional diciendo que esos países son seguros para que sus ciudadanos se regresen a ellos”, dijo Jiménez.