El gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó este viernes un decreto que introduce varios cambios a la ley de ciudadanía, que limita, entre otras cosas, la cantidad de argentinos que podrán acceder al pasaporte de aquel país.
Hasta el momento regía una ley de 1992 que permitía la obtención del pasaporte por “ius sanguinis”, es decir derecho por sangre, que aplicaba a los descendientes de tercera o cuarta generación de italianos, como por ejemplo, un tatarabuelo.
Sin embargo, con el nuevo decreto aprobado por el gobierno italiano, ahora solo podrán acceder al pasaporte los descendientes de primera o segunda generación, en otras palabras, quienes tengan padres o abuelos italianos. “A partir de la medianoche ya no se podrá pedir la ciudadanía con las viejas reglas, sino solo si se tienen hasta a abuelos italianos”, advirtió el vicepremier y canciller, Antonio Tajani, impulsor de la reforma.
Tajani precisó que si bien seguirá vigente el “ius sanguinis” y muchos descendientes de inmigrantes podrán aún obtener la ciudadanía italiana, “se pondrán límites precisos, sobre todo para evitar abusos o fenómenos de comercialización de pasaportes italianos”.
Según publicó LA NACION, esta reforma que endurece los requisitos para solicitar la ciudadanía tendrá dos fases. Por un lado, algunas normas entrarán en vigor de inmediato con el decreto de ley aprobado hoy, mientras que en una segunda instancia se agregarán modificaciones sustanciales a dicha ley. En gran medida, estas implicarán, que los ciudadanos nacidos y residentes en el exterior mantengan en el tiempo “vínculos reales” con Italia, ejerciendo los derechos y deberes del ciudadano al menos una vez cada 25 años.
Por otro lado, se pondrá el foco en los procedimientos y trámites para la obtención de la ciudadanía. Según pudo saber este medio, los residentes en el exterior ya no deberán acudir a los consulados, sino a una oficina especial centralizada de la cancillería italiana. De todas formas, habrá un período transitorio de un año para que se organice esa oficina.
El objetivo del oficialismo italiano es que los trámites sean más eficientes y que los consulados se concentren en la erogación de servicios para quienes son ya ciudadanos y ya no más en “crear” nuevos ciudadanos. “La reforma liberará recursos para hacer que los servicios consulares sean más eficientes, en la medida que podrán dedicarse en vía exclusiva a quien tiene una necesidad real y una relación concreta con Italia”, explicaron fuentes oficiales.
La medida llevada adelante por el Gobierno de Meloni se da en pleno aumento inmigratoria en el país y tiene por objetivo frenar la escalada. Según cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, desde fines de 2014 a fines de 2024, los ciudadanos italianos residentes en el exterior aumentaron de cerca de 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40% en diez años. La Argentina, por ejemplo, pasó de un reconocimiento de unas 20.000 ciudadanías italianas en 2023, a 30.000 al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado.
Se estima que actualmente, con la ley vigente hasta ahora, los potenciales solicitantes de ciudadanía podrían ser entre 60 y 80 millones de personas.
