Al igual que Javier Milei, el plan de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es ir por todo lo que desde su mirada ideológica considera distorsivo. Así, puso el ojo en el seguro de vida obligatorio, que existe desde 1974 -hace 51 años- y alcanza a los más de 13 millones de trabajadores registrados que hay en la Argentina.
Se trata de un seguro que debe ser afrontado exclusivamente por los empleadores y que fue ideado para que los familiares de los trabajadores en relación de dependencia puedan enfrentar los gastos del sepelio en caso de muerte.
«Más allá del dolor que le provoque, la muerte de un familiar se puede transformar en un grave problema financiero para una familia que vive al día. Los gastos de sepelio son altos», dice a Clarín el presidente de una compañía de seguros, que considera «bueno» el esquema vigente de seguro de vida obligatorio, que existe desde el gobierno de Isabel Perón.
En la actualidad la prima individual por el seguro de vida que pagan los empleadores por cada trabajador es de $ 175,89 por mes. En caso de fallecimiento, los familiares reciben $ 856.000, dijeron fuentes del mercado asegurador.
El monto, como se dijo, es sobre todo para afrontar el entierro y se actualiza a la par del salario mínimo, vital y móvil.
En principio, no parece un negocio demasiado grande. Se trata de poco más de 2 millones de dólares al mes que se reparten entre las alrededor de 200 compañías de seguro que hay en el país. Dicen que no hay cartelización.
Quién llevó el dato a la CGT
En la CGT se enteraron de que el Gobierno pensaba en anular el seguro de vida obligatorio a través de un chisme que llevó Jorge Solanas, secretario general del Sindicato del Seguro. Es un ex moyanista que en la actualidad juega alineado con los peso pesado de la central obrera peronista y que tiene habitualmente un lugar en la mesa chica cegetista.
El plan oficial del Gobierno era publicar un decreto el pasado viernes 31 de enero en el que se eximía a las empresas del pago obligatorio del seguro, dijeron las fuentes consultadas.
Pero la CGT logró abortar la idea. Gerardo Martínez. líder de la UOCRA y dirigente cegetista, estuvo al frente de las negociaciones. Mantuvo contactos con Federico Sturzenegger pero también con Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei.
El mensaje de la central obrera fue que iban a reaccionar en caso de que se anulara nomás la obligatoriedad del seguro. Además de considerar al seguro necesario y como una conquista que no podía perderse, en la CGT molestó que la Casa Rosada pretendiera avanzar sin consultarlos.
«No se puede sacar por decreto. Hay cosas que pueden tener un debate, pero la realidad es la que manda. Si sacan el seguro de vida obligatorio van a tener un problema con nosotros», fue el mensaje que le trasmitieron desde la CGT a Caputo.
Santiago Caputo.En el Gobierno tomaron nota y, por ahora, el decreto quedó en la nada.
Los empleadores pagan el seguro de vida obligatorio a través del formulario 931 de cargas sociales, donde figuran los aportes y las contribuciones obligatorias en el trabajo bajo relación de dependencia.