DUBÁI.– El inicio de las hostilidades el 28 de febrero de 2026 marcó un punto de quiebre para la estabilidad en el Golfo Pérsico. Tras los ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán, la república islámica ejecutó una campaña de represalia coordinada que colocó a los Emiratos Árabes Unidos —y en particular a Dubái— en el epicentro del conflicto.
El ataque iraní contra el emirato no fue casual. Responde a una lógica de disuasión activa combinada con presión económica global.
Teherán justificó sus ataques al afirmar que bases cercanas a Dubái habrían sido utilizadas por fuerzas estadounidenses para realizar incursiones contra territorio iraní.
El canciller Abbas Araghchi sostuvo que los bombardeos contra la isla de Kharg partieron desde instalaciones situadas en las proximidades del emirato.
Pero más allá de ese argumento, el objetivo estratégico parece ser otro: interrumpir nodos clave del comercio internacional para aumentar el costo global de la guerra.
Al golpear infraestructuras críticas como el Aeropuerto Internacional de Dubái, Irán apunta a presionar a la comunidad internacional y generar incentivos para un cese de las hostilidades.
A pesar de los daños registrados en hoteles emblemáticos y zonas residenciales, los Emiratos Árabes Unidos mantienen una postura de moderación estratégica y evitan ingresar en una guerra abierta.
Dubái, en particular, ha optado por no responder de manera directa con su poder militar y aprovechar el paraguas de seguridad provisto por los Estados Unidos.
Detrás de esa decisión hay varios factores estructurales. El primero es la fuerte interdependencia económica.
Durante años, Dubái funcionó como uno de los principales canales comerciales de Irán hacia el exterior, facilitando el movimiento de bienes y capitales pese a las sanciones internacionales.
El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó en 2024 unos 29.100 millones de dólares, un vínculo que un conflicto prolongado podría destruir.
El segundo factor es la vulnerabilidad de la infraestructura emiratí. Gran parte del suministro de agua potable del país depende de plantas de desalinización –alrededor del 42%–, lo que convierte a instalaciones como Jebel Ali o Fujairah en objetivos altamente sensibles.
A esto se suma la asimetría de costos en la defensa aérea. Mientras un dron iraní puede costar alrededor de 20.000 dólares, cada misil interceptor utilizado por los sistemas defensivos emiratíes puede oscilar entre los 500.000 y los dos millones de dólares. Una guerra de desgaste basada en ataques con drones y misiles baratos podría agotar rápidamente los recursos financieros y los inventarios defensivos del país.
También pesa el factor de seguridad interna. En los Emiratos residen más de 500.000 ciudadanos iraníes, una comunidad integrada en el tejido comercial y social del país. Un conflicto abierto con Teherán alimenta el temor a tensiones internas, disturbios o la eventual activación de redes simpatizantes del régimen iraní.
Finalmente, existe una incertidumbre estratégica respecto a las garantías de seguridad externas. Para varios líderes del Golfo, la escalada actual refuerza la percepción de que Washington prioriza la defensa de Israel por encima de la protección de las capitales árabes. Ese cálculo empuja a los gobiernos de la región a adoptar políticas de cautela, evitando quedar expuestos a una confrontación directa sin garantías claras de respaldo militar.
La reacción de las autoridades emiratíes refleja esa combinación de firmeza retórica y prudencia estratégica. El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan rompió su habitual silencio público para calificar a Irán como “el enemigo” y advertir que el país “no es una presa fácil”.
Sin embargo, en la práctica el gobierno prioriza preservar el modelo que convirtió a Dubái en uno de los principales refugios financieros y comerciales del mundo.
La preocupación tampoco se limita a los Emiratos. Otros países del Golfo comparten el temor a una escalada regional.
El Consejo de Cooperación del Golfo emitió el 1ro de marzo una declaración de emergencia en la que los seis estados miembros condenaron los ataques como una violación de la soberanía regional.
Arabia Saudita, aunque podría beneficiarse estratégicamente de un Irán debilitado, teme que un colapso total del régimen iraní genere un vacío de poder que desate el caos de milicias y grupos armados en toda la región.
Qatar, por su parte, mantiene su tradicional rol de mediador diplomático, incluso después de que parte de su infraestructura energética también fuera alcanzada por ataques.
Entre los gobiernos del Golfo existe un consenso básico: preservar la estabilidad de los mercados energéticos y de las rutas marítimas es una prioridad superior a la venganza militar inmediata.
La estrategia regional parece orientarse a absorber el impacto del conflicto mientras, en paralelo, se refuerzan las capacidades defensivas y la autonomía estratégica para un escenario cada vez más incierto.
