La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo plan para establecer los lineamientos estratégicos que llevará a cabo durante los próximos años. Según confirmó La Nación en un artículo publicado este domingo, este plan abre la puerta a tareas de espionaje interno a quienes busquen «erosionar» la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios y quienes generen una «pérdida de confianza» en las políticas económicas del Gobierno.
Es decir, este Plan de Inteligencia Nacional (PIN) podría ir contra periodistas, economistas, académicos y cualquier otro que cuestione las medidas del presidente Javier Milei y sus ministros, quienes en las últimas semanas han insistido con la necesidad de «odiar más» a los trabajadores de prensa que no están alineados al Gobierno.
El PIN es un documento secreto de 170 páginas desarrollado por la cúpula de SIDE, bajo el liderazgo de Sergio Neiffert, según consignó la nota de Hugo Alconada Mon. Bajo estos nuevos lineamientos, la SIDE puede recabar información de quienes busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios.
También marcó como foco de interés a todos aquellos “actores” que puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno. Y apuntó contra quienes puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.
Asimismo, el documento habilita a investigar a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública, en especial si es a través de la inteligencia a artificial. ¿Esto incluye a los videos fake de Mauricio Macri y Silvia Lospennato que circularon en la previa a las elecciones porteñas y desde el Gobierno calificaron como «un chiste de las redes»?
Por otra parte, el plan también continúa con lineamientos de inteligencia que ya existían previamente, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado. O defender los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico.
A principios de mayo, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió agregar $ 25.000 millones a la partida de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), área clave que controla Santiago Caputo a través de un dirigente propio.
De esa cifra total, casi un tercio, es decir, $ 8.000 millones, se utilizarán en concepto de gastos reservados. Se trata de recursos que el Estado puede ejecutar sin necesidad de control parlamentario, y que ya habían motivado polémica el año pasado cuando se transfirieron más de $ 100.000 millones al programa.
