El Gobierno intervino este jueves otras dos obras sociales sindicales por distintas irregularidades. Lo hizo a través de sendas Resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación publicadas en el Boletín Oficial, con la firma de Gabriel Oriolo, principal responsable de esa entidad.
El primer documento de la SSSalud, el 1999/2024, dispone “dejar sin efecto Certificado Nº CE-2022-52706561-APN-GG#SSS, de reconocimiento de autoridades de la Obra Social de Vareadores (RNAS Nº 1-2190-3)”.
En los considerandos de la medida, el Gobierno explicó que realizó una auditoría integral este año y detectó situaciones poco claras. Por caso, señaló que “advirtió que la Obra Social incumple con la presentación de la documentación respaldatoria prestacional, y detecta irregularidades en la carga de los códigos de prácticas efectuadas ante el Mecanismo Integración, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones Nº 887/2017 y 360/2022, ambas del registro de esta Superintendencia de Servicios de Salud”.
También destacó, entre otras irregularidades, que “no posee equipo interdisciplinario conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 24.901, no efectúa auditorías en terreno a prestadores y existen importantes deficiencias de control interno en virtud del alto incumplimiento en la presentación de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (Rendiciones)”.
En paralelo, menciona que «fue inhabilitado para ser receptor de opciones de cambio por el plazo de 180 días, en virtud de las irregularidades detectadas por las diferentes áreas técnicas en el marco de la auditoría llevada a cabo con el objeto de detectar traspasos y/o captación indebida de beneficiarios, efectuada por los Agentes del Seguro de Salud de manera directa y/o a través de prestadores”.
En ese marco, “las conclusiones a las que arribaran las diversas áreas técnicas” de la Superintendencia de Servicios de Salud “permiten inferir que la situación que atraviesa el Agente del Seguro de Salud amerita llevar adelante el procedimiento previsto en la citada disposición”.
Con el objetivo de “preservar la cobertura médico asistencial de su población beneficiaria”, el Gobierno estableció también la designación como administrador provisorio de Alberto José Curci Castro, quien deberá informar a la SSSalud sobre su gestión, tendiente a la normalización de la Obra Social.
Por otro lado, en la Resolución 2000/2024, ese mismo organismo también designó al administrador provisorio de la Obra Social del Personal Mosaista. El elegido fue Martín Esteban Gutiérrez, quien también deberá reportarse ante la SSSalud.
En este caso, se detectó a través de otra auditoría distintas “irregularidades en la carga de los códigos de práctica efectuadas ante el Mecanismo Integración, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 887/17-SSSALUD y su modificatoria la Resolución Nº 360/22- SSSALUD, incumpliendo además con la totalidad de la documentación respaldatoria prestacional exigida por esta última norma”.
Los considerandos de la normativa detallaron además que “el Agente no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, que adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD), estos últimos fueron presentados hasta el mes de noviembre 2021”.
En esa misma línea, se informó sobre un relevamiento telefónico a beneficiarios, por intermedio de los cuales observaron “graves incumplimientos en el procedimiento de gestión de reclamos, ausencia de respuesta, autorización de prestaciones y contacto con los beneficiarios”.
Según registros oficiales, desde diciembre, mes en que inició la gestión de Javier Milei como Presidente, la Obra Social de Vareadores, que cuenta con casi 9.500 afiliados, recibió más de 5.6 millones de pesos en subsidios para garantizar a las entidades beneficiarias del sistema un valor mínimo de aportes por afiliado, destinado a cubrir las prestaciones medico asistenciales. Por su parte, la Obra Social del Personal Mosaista, que tiene en total alrededor de 135 mil afiliados, dispuso de casi 71 millones de pesos durante idéntico período, para el mismo fin.
Hace poco más de una semana, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación confirmó la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), del gremio de la UATRE, que ejecutara por resolución de principios de agosto ante «gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones», según informó al designar como administradora provisoria a Virginia Montero.
La Superintendencia, a cargo de Gabriel Oriolo, además de ratificar la medida, que tuvo impulso en un decreto presidencial firmado por Javier Milei, salió a cuestionar un fallo del polémico juez federal Juan José Baric, de La Pampa, que mandó a retrotraer lo decidido por el Ejecutivo.