Luego de conocerse el procesamiento de Alberto Fernández decidido por el juez federal Sebastián Casanello, un grupo de legisladores porteños encabezado por Graciela Ocaña le solicitaron al director ejecutivo de la Anses, Fernando Bearzi, que suspenda el pago de la jubilación de privilegio que cada mes percibe el expresidente de la Nación, “a fin de no perjudicar el erario público que vuestro Gobierno tanto defiende”.
El exmandatorio fue procesado ayer por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en la causa en la cual se investigan irregularidades en la gestión de contratos de seguros de dependencias de la administración pública.
Según señala presentación que firmaron Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, integrantes del bloque Confianza Pública en la Legislatura porteña, “el expresidente Fernández nunca debió gozar de una jubilación de privilegio, pero ante este nuevo hecho [en referencia al procesamiento] debe ser al menos suspendida hasta que se resuelva la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
La frase respecto de que no debió gozar del beneficio se refiere a un pedido anterior hecho por los legisladores, que en febrero de 2024 le presentaron una nota al entonces director de la Anses, Osvaldo Giordano, solicitando que no se otorgara la prestación. Según el nuevo escrito, aquella nota no fue respondida, y meses después, en agosto de 2024, Ocaña y el legislador Yamil Santoro pidieron la revocatoria de la asignación por falta de cumplimiento de requisitos. Al no obtenerse respuesta, los dirigentes judicializaron el tema, con una denuncia contra el entonces director de la Anses, Mariano de los Heros.
El beneficio en cuestión fue en diciembre de 2024 de $21,67 millones en bruto, aunque al exfuncionario ahora procesado se le pagaron $8,56 millones en términos netos, según información de la Anses obtenida por LA NACION a través de un pedido de acceso a la información pública. Según menciona la nota elevada a la Anses hoy por Ocaña, en febrero de este año la cifra neta fue de $8,88 millones. Se trata de una asignación vitalicia establecida para expresidentes por la ley 24.018, y en este caso en particular la cifra neta está afectada porque, en noviembre pasado, la Justicia determinó que el 30% debía ser directamente enviado a Fabiola Yañez, para cubrir gastos del hijo de ambos.
Las jubilaciones para expresidentes y exvicepresidentes son consideradas de privilegio -si bien la normativa no las denomina así-, porque a sus beneficiarios no se les exige tener una edad mínima ni haber reunido una cantidad determinada de aportes, y también porque son de montos muy elevados.
De acuerdo con la ley, el cobro no le corresponde a quienes, “previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”. Si bien esa remoción no se dio en este caso, la nota presentada por Ocaña considera que si un exfuncionario “utilizó ese ese lugar de privilegio [por el ejercicio de la presidencia] para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no puede obtener ni mantener este beneficio”.
En relación con ese argumento, el escrito recuerda los fundamentos de la resolución 1092 dictada por la Anses en noviembre de 2024, con la cual se dieron de baja las dos prestaciones que hasta entonces percibía la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner, quien ahora pide en la Justicia que esa medida sea declarada nula. Ambas asignaciones, cobradas en simultáneo pese a una incompatibilidad fijada por la ley, habían sumado casi $22 millones en el penúltimo mes del año pasado.
La decisión de las bajas fue tomada por el organismo de la seguridad social, entonces bajo la titularidad de Mariano de los Heros, luego de conocerse la confirmación de la sentencia por corrupción por parte de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad. La condena fue ratificada meses después por la Corte Suprema, razón por la cual Cristina Kirchner ahora está presa, cumpliendo una condena de seis años que incluye una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
En el caso de CFK tampoco hubo juicio político ni remoción, pero desde el Gobierno se argumentó, a la hora de disponer las bajas, que la expresión de la ley 24.018 respecto de las causales para no asignar los pagos, lleva a entender que resulta incompatible cobrar el beneficio con el hecho de haber cometido delitos al momento de ejercer un cargo público, algo que en el caso en cuestión fue probado por la Justicia.
En aquel mes de noviembre de 2024 la Anses también dispuso la revocación de la prestación de privilegio que, por haber sido exvicepresidente, se le había otorgado a Amado Boudou, condenado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, con sentencia confirmada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como al momento de darse el alta de la prestación Boudou ya había sido condenado en la causa sobre maniobras para quedarse con la empresa de impresión de billetes Ciccone, en este caso la decisión fue la de revocar la prestación, en lugar de darla de baja. Eso implica considerar que la jubilación de privilegio nunca debió haber sido otorgada y, en virtud de ello, el Gobierno inició en junio pasado una demanda judicial para que el Estado pueda recuperar lo abonado durante casi cuatro años y medio. El alta había sido otorgada en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ya que antes, en la administración de Mauricio Macri, había sido negada.
La nota de Ocaña enviada hoy a la Anses vincula el pedido de suspensión de la jubilación varias veces millonaria de Alberto Fernández con lo ocurrido ayer en el Congreso de la Nación, con la aprobación de leyes jubilatorias en el Senado.
“No es posible ignorar que más de la mitad de los jubilados del país cobra el haber mínimo que asciende a $370.000, y en el día de ayer el Congreso aprobó un aumento de los jubilados de menos de 8% y el Sr. Presidente de la Nación anticipó que va a vetar ese aumento, ya que afecta las cuentas públicas”.
Según el escrito, “esa inentendible postura no es congruente con seguir abonándole casi $9 millones a un expresidente que se encuentra procesado no solo por la causa ”Seguros», sino [también] por violencia de género contra su expareja» (por la denuncia hecha por Fabiola Yañez.
Y agrega que el Gobierno actual asumió “con la impronta de terminar con la ‘CASTA’”, por lo cual “deseamos que en esta ocasión, a diferencia de todas las anteriores, le demuestren al pueblo que no fueron solo palabras vacías y suspenda inmediatamente la asignación de privilegio a Alberto Fernández.
En la causa “Seguros” se investiga la intervención que habría tenido el expresidente para favorecer negocios del broker Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor.
