La denuncia por lavado de dinero de ARCA contra Pablo Otero, el denominado «Señor del Tabaco» tuvo efectos inmediatos en otros actores del sector de cigarrillos, como los kiosqueros que los comercializan.
En las últimas horas, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) emitió una nota a todos los comercios afiliados del país para que soliciten “al distribuidor o fabricante la correspondiente factura de compra”, a fin de evitar sanciones frente a las irregularidades detectadas en el mercado de comercialización de cigarrillos.
En la carta enviada con la firma de Norberto Tomasino, presidente de UKRA, la entidad agregó que “queremos cuidar al kiosquero ante situaciones que pueden afectarlo indirectamente por hechos irregulares de las tabacaleras”.
Y citó el caso de Tabacalera Sarandí, la firma que lidera Pablo Otero, que fue denunciada por la ex AFIP por lavado de dinero y posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito por más de 33.000 millones de pesos entre el 2021 y el 2023, según consta en una presentación judicial encabezada por la División Penal Tributaria.
Desde hace meses, ARCA viene realizando tareas de investigación y fiscalización para analizar con profundidad, la capacidad operativa, económica-financiera en los distribuidores y mayoristas, con el objetivo de verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos la cadena de toda estructura de comercialización de cigarrillos.
Por esa razón, argumenta la nota enviada, UKRA pide a los kiosqueros que “tengan la correspondiente justificación de la compra en el caso de recibir alguna verificación de la autoridad fiscal”.
La nota a los kiosqueros recuerda que el 27 de marzo pasado, “el ministerio de Economía publicó un relevamiento de precios de cigarrillos en los Kioscos”, en cumplimento de lo establecido en capítulo del Tabaco de la Ley Bases (27.742) que establece que “los precios declarados por las tabacaleras no pueden diferir de más de un 20 % con los precios relevados por los kioscos y que en caso de excederse dará lugar al inicio de acciones por parte de ARCA”.
Las autoridades fiscales nacionales determinaron que tres de las principales marcas de Tabacalera Sarandí, firma que durante años evitó pagar el tributo mínimo al sector, evidenciaron fuertes incumplimientos de la normativa a partir de registrarse en el mercado minorista, diferencias del 112, 109 y 98% en relación al valor que la compañía declaraba ante el organismo recaudador.
En la fiscalización encontraron todo tipo de irregularidades que apuntarían al lavado de activos. La sospecha, según la denuncia a la que accedió Clarín, recae sobre un período específico que va desde el año 2021 al 2023. Según detectó el organismo, en esos años Otero y su empresa habrían lavado fondos por $ 33.632 millones a través de la venta a de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Todas, según el organismo, tenían un perfil fiscal irregular y serían «usinas» de lavado.
Algunas de las empresas involucradas en la maniobra de lavado son Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidós, Tabaco Minico SA y Laumart SRL, entre otras.
Otero empezó a construir su imperio tabacalero en 2018, cuando dejó de pagar el impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarandí sostenía que era inconstitucional.
El argumento principal de Otero era que su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos eran más baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.
Con esa estrategia, Tabacalera Sarandí consiguió crecer y expandirse con precios bajos y ganó una porción de mercado desproporcionada.
Según un informe que en su momento elaboró la consultora Abeceb por evitar el pago de ese impuesto, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023.
