Después de haber sido declarada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y por pedir retornos a los sueldos de asesores fantasma, la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia en el Gobierno de Mariano Arcioni se enfrenta a una posible condena a 3 años y 6 meses de prisión, según el pedido que realizó a la justicia el fiscal de la causa, Omar Rodríguez.
Cecilia Torres Otarola fue condenada junto a otros cuatro funcionarios por montar una red de empleados públicos que no cumplían con funciones y cobraban igual. Se trata de la primera vez que una causa en la provincia patagónica termina en un veredicto de culpabilidad de empleados del Estado que no cumplieron con las tareas para las que fueron contratados.
Rodríguez, titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, consideró que Torres Otarola cometió delitos con la finalidad de obtener un “rédito propio”. La causa es conocida como «ñoquis calientes», en referencia a las falsas contrataciones investigadas.
El fiscal también puso énfasis en que la ex funcionaria chubutense provocó con su accionar un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones” y por eso reclamó, además, que sea inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena a Torres Otarola fue firmada días atrás por la jueza Marcela Pérez Bogado y sus vocales, José Luis Ennis y Carlos Richeri. Allí se determinó que la ex funcionaria es culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales, es decir, la exigencia indebida de un retorno de parte del sueldo a los asesores fantasma.
Los primeros cuatro delitos probados fueron por nombramientos de funcionarios públicos -tres en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, y otro en la Legislatura provincial- que, paradójicamente, no cumplían ninguna función. También fue condenada porque a tres de sus asesores legislativos -cuando era diputada provincial- les exigía que depositaran la mitad de sus respectivos sueldos, con el fin de obtener un rédito personal rayano a la corrupción.
Rodríguez también le pidió a los jueces que los funcionarios fantasma, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, cumplan una condena de 2 años en prisión en suspenso.