Con precios inalcanzables para comprar, alquileres caros y poca oferta, los españoles tienen cada vez más dificultades para encontrar dónde vivir. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es consciente de que esta una de las principales preocupaciones en España, y busca ahora golpear fuerte en un tema crucial para su electorado.
Así, este lunes presentó un amplio plan para luchar contra la especulación en el mercado inmobiliario español, que incluye duplicar los impuestos para los inversores extranjeros.
El paquete de medidas incluye los anuncios realizados en las últimas semanas, y responde a «tres objetivos», según explicó el líder socialista en un foro económico: «Más vivienda», «mejor regulación» y «mayores ayudas».
Entre las 12 contundentes medidas que presentó, el presidente anunció la construcción de más de 40.000 edificios públicos este año para que los propietarios puedan alquilar sus viviendas a precios accesibles, y la rehabilitación de viviendas vacías para sacarlas al mercado.
Pero el plan también prevé prohibir que las viviendas sociales puedan dejar de serlo -y que sus propietarios se lucren con ellas-, y prevé duplicar la tributación de todos los extranjeros no residentes en España que compren edificios. De todos los edificios y viviendas en construcción, un tercio son propiedad de extranjeros que no viven en el país.
La odisea de encontrar un lugar para vivir
Para la mayoría de la clase media española, y para los menores de 40 años, encontrar un lugar donde vivir se ha convertido en un calvario. Uno de los principales obstáculos es la proliferación de fondos de inversión y departamentos que se alquilan para turistas, según el gobierno y los expertos. Por ello, Pedro Sánchez quiere que haya menos alquileres de Airbnb y más viviendas.
Está por verse si estas medidas podrán cambiar la realidad del mercado, que ha llevado a un famoso sociólogo a decir que España está ahora dividida entre propietarios ricos e inquilinos empobrecidos.
Según Sánchez, se construyeron 600.000 viviendas al año durante el boom inmobiliario de la década de 2000, cuando las autoridades registraron 400.000 nuevas casas o departamentos. Hoy, sólo 90.000 viviendas salen al mercado, mientras que cada año se construyen 300.000 nuevas.
El presidente del gobierno, que atribuye este declive a las medidas adoptadas por el derechista Partido Popular tras la crisis de 2008, señaló en particular el bajo nivel de viviendas sociales.
Hoy, “sólo tenemos un 2,5% de vivienda pública. Estamos muy por detrás de otros Estados miembros” de la Unión Europea, “como Francia, que tiene un 14% (de viviendas sociales), o los Países Bajos, que tienen un 34%”, dijo Sánchez.
Un sticker contra los alquileres para turistas en el portero eléctrico de un edificio en Madrid. Foto: REUTERS Para ello, el presidente del gobierno anunció la cesión a una empresa pública de nueva creación de dos millones de metros cuadrados de suelo «en los que se podrán construir miles y miles de viviendas sociales asequibles”.
La escalada de los alquileres
Para combatir la proliferación de departamentos para turistas, a los que acusó de disparar los precios de los alquileres al limitar el número de viviendas disponibles para los residentes locales, Sánchez también anunció un aumento de la fiscalidad y un mayor control por parte de las autoridades.
“No es justo que los propietarios de tres, cuatro o cinco pisos de alquiler paguen menos impuestos que los hoteles”, dijo, prometiendo presentar una reforma en el Parlamento para que estos propietarios tributen igual que las “empresas”.
Para frenar la escalada de los alquileres, Pedro Sánchez también prometió una exención fiscal para los propietarios que acepten alquilar sus viviendas de acuerdo con el índice de referencia de alquileres fijado por las autoridades, incluso en zonas que no estén bajo presión.
En mayo de 2023, el presidente del gobierno español ya había aprobado una ley emblemática en materia de vivienda, que preveía un aumento de la construcción de viviendas sociales, el control de los alquileres en zonas de tensión y sanciones para los propietarios que dejen sus inmuebles desocupados. Pero la legislación no ha logrado hasta ahora frenar la subida de los precios. El año pasado, los alquileres en España subieron otro 11%, según el portal inmobiliario Idealista.
