Si bien Javier Milei volvió a deslizar el viernes desde su periplo italiano que podría nombrar en comisión a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema, para un sector del oficialismo sería una maniobra «riesgosa» porque en caso que ambos postulantes no lograran tener acuerdo del Senado durante 2025 se vería perjudicada la «gobernabilidad» y la visión que tiene el mercado sobre la capacidad de maniobra del Ejecutivo.
La decisión del Gobierno de no convocar sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre puso en evidencia la tensión existente con la oposición más férrea pero también con los bloques «dialoguistas». Desde hace semanas en los pasillos de Casa Rosada resuena la posibilidad concreta que los candidatos del Ejecutivo a completar las vacancias del alto tribunal sean nombrados por decreto habida cuenta que, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda mediante, en 2025 la máxima instancia de la justicia argentina sólo tendría 3 firmas.
Desde Roma, Milei fue claro al dejar abierta esa puerta: «Si yo lo pudiera sacar mediante el Senado, lo sacaría mediante el Senado. Si me aparece la demanda pero el Senado no resuelve, lo tendré que resolver yo. Transitoriamente resolvería esa demanda y luego el Senado lo convalidará o lo rechazará», sostuvo en una entrevista con la radio El Observador.
Pero esta estrategia, en un gobierno que se muestra no muy afecto a respetar la institucionalidad, genera un problema a dos bandas: por un lado, tensiona con gran parte del arco opositor que rechaza ese mecanismo para nombrar ministros de la Corte. Pero también genera resistencias en un sector de La Libertad Avanza que vislumbra una mayor inestabilidad si la Cámara alta decidiera no convalidar los pliegos de Lijo y García Mansilla.
Un dirigente libertario, con mucha llegada al primer piso de la Casa Rosada, recordó que si fueran nombrados por decreto a comienzos de enero, Lijo y García Mansilla tendrían un año para ser votados por el Senado. Pero abundó que en el escenario actual de confrontación, hoy no se vislumbra esa posibilidad y más teniendo en cuenta que se viene un año electoral con poca actividad parlamentaria. «Si llegaran a caer por no ser votados, se puede armar un gran clima de desconfianza de los inversores en el exterior. Con circunstancias diferentes, a Macri le pasó en 2018 y no la pudo levantar», conjeturó la calificada fuente consultada por este diario.
Hoy la situación de ambos postulantes es diferente. Ninguno obtuvo siquiera dictamen en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta aunque el juez federal estaría a un voto de lograr ese respaldo. El académico de la Universidad Austral «estaría más lejos». Ninguno, con todo, cuenta por ahora con los dos tercios de los senadores presentes en el recinto para confirmar su sillón en el máximo tribunal.
Si bien en el Gobierno aducen que la postergación de la convocatoria a Sesiones Extraordinarias obedece a la necesidad e buscar los «consensos necesarios» para acordar los temas, hoy parece reinar indefinición. Golpeó más que nunca el vínculo con el PRO la caída del debate por Ficha Limpia y el oficialismo aún resiste los estertores del escándalo que terminó con la eyección de la Cámara alta del entrerriano Edgardo Kueider.
Presupuesto, reforma política -con la eliminación de las PASO como estandarte-, los pliegos de unos 150 cargos para ocupar las vacancias en la Justicia federal y la ley para limitar los fueros, son algunos de los temas en discusión. Pero el PRO viene de objetar este último proyecto que, a decir verdad, pareció pergeñado por los estrategas de comunicación liderados por Santiago Caputo para intentar diluir la polémica por la fata de apoyo oficial a Ficha Limpia, un proyecto que había sido empujado por el macrismo y que hasta hace pocos meses contaba con el aval del Ejecutivo.