Si bien el anuncio del Gobierno sobre el DNU que firmará el presidente Javier Milei para obtener apoyo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) despertó cuestionamientos jurídicos, a los economistas no les ha significado un punto de interés.
Por caso, Ricardo Delgado, de Analytica, describió que se trata de una herramienta que busca “darle celeridad y certeza”. Algo similar interpretó Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, quien calificó a esa estrategia como “un artilugio”. Incluso, Gabriel Caamaño lo catalogó como un tema de “política local”.
En tanto, todos ellos hicieron énfasis en el camino que queda y remarcaron que el anuncio de un acuerdo puede ser positivo para generar confianza, impulsar a los bonos argentinos y preparar el sendero a una refinanciación de deuda, pero dejó pendiente asuntos importantes sobre montos y eventual salida del cepo.
Pese a la importancia que los economistas le otorgan a los efectos del anuncio, la discusión sobre el uso del DNU no fue eludida. El extitular de Aduana y miembro del equipo económico de Sergio Massa, Guillermo Michel, sostuvo que “genera inseguridad jurídica”, ya que la falta de una ley “permitirá poner en duda la legitimidad de los actos del Gobierno vinculados a la negociación con el FMI”. En contraposición, el exfuncionario del Banco Central, Lucas Llach, consideró: “No sé a quién se le ocurrió la novedad pavota de que los contenidos específicos de un acuerdo con el Fondo los tenga que discutir el Congreso. DNU vaya y pase, pero incluso eso me parece exagerado. La política económica la hace el Ejecutivo”.
En el mundo empresario, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se manifestó a favor de los avances del Gobierno en la negociación con el FMI. “La intención política de acordar es necesaria y contribuye a la certidumbre del orden macroeconómico”, afirmó. En cuanto a las condiciones del nuevo entendimiento indicó que “todavía no están los elementos” para analizarlo y en relación al DNU dijo que “es una cuestión política”.
Más allá del debate sobre la forma en la que el Gobierno busca apoyo político a su negociación con el Fondo, la mayoría de los economistas puntualizó sobre tres aspectos vinculados a sus efectos. Uno de ellos es la confianza que intenta transmitir el Ejecutivo, otro es el impulso que una posible refinanciación de la deuda podría generar en el valor de los bonos argentinos y el tercero refiere a las dudas sobre el detalle del acuerdo que se negocia y cómo y cuándo el Ejecutivo planea eliminar el cepo cambiario.
“El Gobierno sabe que por lo menos se le iba a complicar mucho la aprobación en ambas Cámaras”, introdujo Sigaut Gravina, tal como establece la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, también conocida como “ley Guzmán”, ya que el exministro fue su principal impulsor cuando se aprobó en 2021. Dicha normativa establece que todo programa de financiamiento con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Por este motivo, el economista de Equilibra calificó al DNU como “una especie de bypass”, dado que remarcó que el Ejecutivo “está avanzando”, aunque con algunas “anomalías”, como la de buscar apoyo del Congreso “sin conocer nada del acuerdo en sí mismo”.
Caamaño detectó los mismos signos de interrogación. “Lo que conocemos hasta ahora no resuelve las dudas del mercado respecto de cuándo va ser la unificación cambiaria y en qué condiciones”, comentó. Esta visión viene a colación de las declaraciones del Presidente, quien había indicado en su exposición en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que el acuerdo con el FMI permitirá sanear el balance del Banco Central y “salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”.
En paralelo, Caamaño ponderó de manera positiva un posible acuerdo con el FMI “desde el punto de vista de los bonos”, ya que podría ayudar a refinanciar vencimientos de la Argentina con el Fondo y con otros organismos de crédito.
“A mí me parece que lo más importante de todo es que Argentina vuelve a tener un acuerdo, que seguramente lo que más va a hacer es permitir refinanciar vencimientos con el organismo que en el mandato de Milei, que de acá hasta el final suman US$14.000 millones prácticamente, y, en consecuencia, eso le despeja ciertamente el horizonte financiero”, analizó Delgado.
Finalmente, las distintas visiones sobre el tema coinciden en la variable “tiempo”. Existe un consenso sobre la estrategia del Gobierno de acelerar los plazos y, en consecuencia, varios de los economistas y hombres de finanzas consultados expresaron que este mes o en abril ya podría haber definiciones más contundentes sobre el nuevo acuerdo con el FMI.
