La motosierra del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pasó por la ganadería. Esta vez, fue para cortar con la prohibición que regía desde hace más de 50 años para exportar ganado en pie. En aquel entonces, 1973, el argumento era que había que “cuidar el abastecimiento” del mercado interno. No era una novedad: las restricciones al comercio de ganados y carnes formaron parte de las políticas de prácticamente todos los gobiernos argentinos. Vedas al consumo, precios máximos, cupos, “encajes”, prohibiciones directas o la necesidad de pedir permisos especiales formaron parte de la caja de herramientas de las autoridades económicas que veían a los precios de la carne como un factor esencial para sostener los planes de estabilización de la economía.
Durante los 16 años que gobernó el kirchnerismo, estos mecanismos lograron un grado de sofisticación tal que se tomaron como naturales. Como lo demuestran las evidencias, ninguna de esas trabas sirvieron para que el consumidor tenga carne a precios económicos, que aumente el stock ganadero o que se incremente la inversión en plantas frigoríficas. Es más: sucedió exactamente lo contrario.
Esta nueva desregulación le permite a la ganadería argentina contar con las mismas condiciones que la ganadería de Brasil y Uruguay, por ejemplo, desde donde se exporta ganado en pie.
Según explicó a LA NACION el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, la medida puede permitir que países que por ritos religiosos no aceptan animales castrados puedan comprar en la Argentina animales en pie. Esto, en particular, podría ser favorable para algunas categorías como el Macho Entero Joven (MEJ). A su vez, especialistas como Víctor Tonelli señalaron que la medida le puede poner un piso de precios a la hacienda. Si en el plano local no hay compradores dispuestos a convalidar determinados valores, se puede abrir la competencia a terceros, señaló.
Desde el lado de la industria no hubo rechazos expresos, pero sí propuestas y observaciones para que la medida no sea una cuestión aislada. El director ejecutivo del Consorcio Exportador de Carnes Argentinas (ABC, en sus siglas en inglés), Mario Ravettino, consideró que se deben realizar convenios bilaterales entre países para precisar las cuestiones sanitarias y que, a su vez, se permita la importación de hacienda si fuera necesario. Pero el directivo fue más allá y recordó que la industria tiene problemas de competitividad todavía, como la permanencia de los Derechos de Exportación (DEX) que todavía pesan sobre algunos cortes vacunos y que llegan al 6,5%. Aunque no lo mencionó, la industria frigorífica también está preocupada por el tipo de cambio que deteriora la competitividad de las exportaciones cárnicas. Sobre este punto, el Gobierno ya cerró la discusión.
La visión de la industria frigorífica se vincula con la falta de una estrategia global para el negocio del ganado y de las carnes. Por más favorable que sea, una medida aislada no cumplirá con su objetivo si al mismo tiempo no se avanza con otras decisiones. En la cadena de la carne hay diferentes propuestas para que la mejora de la actividad sea transversal y no de a parches. Entre muchas otras medidas, por ejemplo, se reclama llevar adelante un estatus sanitario único que permita terminar con la informalidad del negocio. También se propone bajar la presión impositiva a nivel provincial y municipal y la que pesa sobre los costos laborales.
Por más buena intención que tenga la “motosierra”, si no se complementa con el bisturí, no será efectiva. El Gobierno ya ha dado pasos en falso en materia ganadera como fue la licitación para hacer obligatoria la identificación electrónica del ganado que tuvo que postergar por un año. Las entidades de productores habían advertido que esto debía hacerse con más tiempo, pero el Gobierno siguió adelante y finalmente fracasó y dio marcha atrás.
En todo caso, la autorización a exportar hacienda en pie ayuda a desterrar el mito de que hace falta una prohibición para “agregar valor” local. Estas medidas, como la restricción a exportar cueros crudos o las alícuotas diferenciales para los cultivos oleaginosos, se convierten en reservas de mercado para determinados sectores y en transferencias de un sector de la cadena a otro.
Al final del día, son las reglas estables de la economía las que contribuyen a que haya empresas dispuestas a invertir para producir y exportar alimentos. Otros países de similar estructura productiva que la Argentina ya lo han demostrado.