En San Juan, la realidad volvió a demostrar que a veces supera a la ficción. El abogado penalista Oscar Leopoldo Adárvez terminó condenado por la Justicia después de protagonizar una escena que, vista desde lejos, parece salida de una comedia judicial: salió armado rumbo a su estudio jurídico y terminó con una sentencia encima.
El episodio ocurrió cuando cámaras de seguridad lo registraron caminando con un arma de fuego visible mientras se dirigía a su oficina en pleno centro sanjuanino. La escena, captada por el sistema de monitoreo, activó la alerta policial y terminó con el letrado rodeado de uniformes y, poco después, rodeado de papeles judiciales.
El tribunal finalmente lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años y ocho meses de inhabilitación para tener o portar armas. Una decisión que, traducida al castellano judicial, significa algo bastante claro, el doctor Adarvez podrá defender causas, pero sin revolver en la cintura.
La historia, como toda buena serie judicial argentina, tuvo también su segunda temporada. El primer juicio fue anulado por cuestiones procesales porque los plazos se estiraron más que discurso de campaña, lo que obligó a reiniciar todo el proceso.
Así volvió a escena el fiscal Fernando Bonomo, que repitió ante el juez Ricardo Grossi los detalles del caso: cómo el abogado fue detectado armado caminando por el centro de la capital sanjuanina. En el proceso también intervino la ayudante fiscal Lucía Escudero, mientras el protagonista del caso optó por una estrategia poco común: defenderse a sí mismo. En su declaración, Adárvez intentó justificar la escena que lo llevó al banquillo.
“Iba a defender mi vida y mi estudio jurídico. Mi hija me llamó para decirme que la puerta estaba abierta y fui. He tomado un arma y he atrapado ladrones muy malos. Más allá de la acusación, me voy a defender”, afirmó ante el tribunal.
Sin embargo, cuando el fiscal quiso profundizar sobre la historia de los supuestos ladrones y las capturas heroicas, el abogado decidió aplicar una táctica conocida en el ambiente judicial: guardar silencio estratégico y prometer que más adelante presentaría pruebas.
La causa se originó el 18 de abril de 2025, cerca de las 19:58, cuando operadores del sistema de monitoreo del CISEM detectaron a un hombre armado en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y Alem, en pleno centro capitalino.
Las cámaras mostraban a un sujeto vestido de negro con un arma a la vista, algo que en San Juan puede llamar la atención incluso más que el precio del asado. Minutos después, la policía encontró a Adárvez en la puerta de su estudio jurídico, ubicado en Ig. De La Rosa esqu. Além, con un revólver en la mano. El arma era un revólver marca Tanque calibre .38 especial, cargado con cinco cartuchos y, según la pericia, perfectamente apto para disparar. El abogado explicó que había salido armado porque temía un robo en su estudio, donde guardaba su computadora de trabajo. También aseguró ser legítimo usuario de armas, el pequeño detalle —el tipo de detalle que suele arruinar estas historias— fue que no tenía la autorización para portarla en ese momento. Y en materia legal, como bien saben los abogados, a veces todo se reduce a un simple papel, en este caso, un papel que faltaba, y otro que terminó llegando: la sentencia.
