En un nuevo revés judicial para el expresidente Alberto Fernández, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir y profundizar la investigación para determinar si hubo algún tipo de delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer durante la pandemia de COVID-19.
La Sala I del mencionado tribunal, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó el archivo de la causa que había ordenado el juez federal Ariel Lijo a fines del año pasado, al desestimar las denuncias que le presentaron sobre el tema.
La decisión de la Cámara fue tomada porque «aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer», según la resolución a la que tuvo acceso la agencia de noticias NA.
La investigación abarca dos denuncias presentadas en 2021. Una de ellas fue la de un grupo de diputados opositores para que se investigue por qué el Gobierno no había comprado la inmunización; mientras que la segunda fue impulsada por los familiares de cuatro personas que murieron como consecuencia del coronavirus.
El primero de estos escritos lleva la firma de los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.
La presentación judicial llevada a cabo en aquella ocasión fue para que se investiguen los motivos por los cuales la Argentina no habría logrado contar en tiempo y forma con los sueros para combatir el el COVID-19.
Tras la denegatoria de Lijo, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la resolución y afirmó: “Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo”.
Frente a esta solicitud, los camaristas afirmaron que «en particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación».
En este sentido, para la Cámara el núcleo de la cuestión es que «esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”.
