El nuevo régimen nacional de energía eléctrica no es solo un cambio administrativo: es un reordenamiento estructural del sistema de subsidios que mueve miles de millones de pesos y redefine quién paga, cuánto paga y por qué.
Hasta 2023, el Estado nacional destinaba más de 2,5 puntos del PBI a subsidios energéticos, lo que equivalía a más de USD 15.000 millones anuales. El nuevo esquema busca reducir ese gasto a menos de 1,5 puntos del PBI, recortando subsidios generalizados y focalizando la ayuda en los sectores de menores ingresos.
El corazón del sistema es el consumo base subsidiado. Para electricidad, se establecen topes que rondan los 250 a 350 kWh mensuales, según zona y estacionalidad. Todo consumo que supere ese umbral se paga a tarifa plena, sin asistencia estatal.
En términos simples: el subsidio deja de cubrir el derroche y se concentra en el consumo esencial.
El impacto en San Juan: números que amortiguan
En ese contexto, San Juan logró reducir el impacto directo del ajuste nacional con decisiones propias. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) dispuso el congelamiento del componente provincial de la tarifa eléctrica, que representa aproximadamente entre el 35% y el 40% del valor final de la factura.
Esto implica que, aun con aumentos nacionales en generación y transporte, la boleta sanjuanina crece menos que en otras provincias, donde no hubo medidas compensatorias.
Además, se habilitaron planes de pago en hasta 12 cuotas sin interés para usuarios residenciales y comerciales, una herramienta clave si se tiene en cuenta que más del 60% de los hogares sanjuaninos consume menos de 300 kWh mensuales, es decir, permanece dentro del consumo subsidiado.
Energía y producción: la cifra que importa
La discusión energética no termina en el hogar. Para San Juan, el dato clave es productivo.
La minería metalífera, por ejemplo, consume entre el 15% y el 20% de la energía eléctrica provincial, y cada proyecto de gran escala demanda potencia equivalente a una ciudad de entre 50.000 y 80.000 habitantes.
Con la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), proyectos mineros y energéticos por más de USD 6.000 millones vinculados a San Juan están en distintas etapas de evaluación o ejecución. Solo los proyectos de cobre previstos podrían duplicar la demanda eléctrica industrial de la provincia en la próxima década.
Aquí, la previsibilidad energética es clave: sin energía suficiente y estable, no hay inversión posible.
Renovables: el diferencial sanjuanino en números
San Juan ya genera más del 20% de su energía eléctrica a partir de fuentes solares, muy por encima del promedio nacional, que ronda el 6%. La provincia cuenta con parques solares que superan los 600 MW de potencia instalada, posicionándola como líder indiscutida en energía fotovoltaica en la Argentina.
Cada 100 MW solares instalados implican:
- Ahorro anual de más de 200.000 toneladas de CO₂
- Reducción de importaciones energéticas
- Menor presión sobre el sistema interconectado nacional
Además, la instalación de infraestructura solar y el proyecto de industrialización local de componentes energéticos abren una perspectiva concreta de empleo calificado y reducción de costos a mediano plazo.
El desafío que dejan los números
El nuevo régimen deja una conclusión clara: la energía deja de ser barata y pasa a ser estratégica. Con menos subsidios, cada kilowatt cuenta. Las provincias que no planifiquen pagarán el costo político y social; las que inviertan en generación, redes y eficiencia tendrán ventaja.
San Juan llega a esta etapa con datos que la respaldan: tarifas locales contenidas, una matriz renovable sólida y proyectos de inversión que exigen energía pero también la financian.
El equilibrio será delicado. Pero en un país donde el ajuste energético suele ser sinónimo de conflicto, San Juan intenta convertir los números en una oportunidad.
