“No se tiene que dejar operar… Tiene que seguir sin importar lo que digan los demás”. Con esta definición un alto funcionario del Gobierno transmitía la postura de la Casa Rosada y el mensaje que se le hizo llegar a Manuel García Mansilla en medio de las idas y vueltas por la delicada situación en la que quedó en la Corte Suprema de Justicia luego de que el Senado rechazara su pliego y, en consecuencia, se volviera a discutir su continuidad por ser designado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei.
En la cúpula del Ejecutivo aseguran que su nombramiento por decreto en comisión “es constitucional” y que “no hay motivos para que renuncie”. “No pierde ninguna legitimidad. Su nombramiento es constitucional y eso es lo que importa», enfatizaron funcionarios que rodean a Milei, que recuerdan que por ese decreto García Mansilla tiene funciones en la Corte hasta el 30 de noviembre, más allá de que -como han dejado saber en más de una oportunidad- no descartan volverlo a nombrar por otro año, suponiendo que se mantendrá el escenario de una corte incompleta, similar al momento en el que el líder libertario dispusiera su designación en febrero de este año.
Pese a la opinión de la Casa Rosada, el catedrático les solicitará a sus pares del alto tribunal si debe continuar o si debe dar un paso al costado. Sus colaboradores anticiparon que hará “una presentación formal” para conocer “su status” institucional.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el letrado entiende que necesita un respaldo del resto de los ministros de la Corte. Vislumbra múltiples embestidas políticas y una avalancha de planteos de nulidad sobre sus acciones, luego de que la cámara alta lo rechazara con 51 votos en contra, sobre un total de 72 senadores. A este contexto se le suma la medida cautelar del juez K Alejo Ramos Padilla que ordenó que el flamante juez no intervenga durante 3 meses en cualquier causa radicada en el máximo tribunal.
Sucede que el catedrático necesita un respaldo luego de quedar en el foco de la polémica. Y más si se tiene en cuenta que el pasado 28 de agosto acudió a la comisión de Acuerdos, donde se trató su pliego y dio una definición que marca su preocupación actual. En esa ocasión, consultado por la senadora ultra kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, si hubiera aceptado ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema, como habían hecho inicialmente (antes de ser convalidados por el Senado) Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por Mauricio Macri en 2016, el jurista fue tajante: «Como le aclaré, viste el impacto que tuvo el decreto 83/2015 en la opinión pública, yo no hubiese aceptado una nominación en comisión», respondió.
«Porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente», agregó.
Hoy, en medio de la discusión, García Mansilla recibió un dardo filoso por elevación de Ricardo Lorenzetti, quien apeló a la misma frase para marcarle que debe dejar su cargo: “Nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en Radio Mitre cuando le preguntaron si en el lugar del catedrático renunciaría.
En este contexto, en el Gobierno admiten que no controlan a García Mansilla: “Puede decidir cualquier cosa, como cuando se opuso a lo de Lijo… Es una caja de sorpresas”.
La permanencia de Garcia Mansilla en la Corte es clave para el Gobierno ya que los principales funcionarios reconocen que “ya se jugaron todas las cartas” y que “no hay plan B”, sino que la estrategia es esperar hasta el recambio legislativo y avanzar con los mismos pliegos otra vez.
“No falta nada para las elecciones, en seis meses copamos el Congreso y volvemos a la carga para completar la Corte, sin que la casta nos detenga”, dicen en Casa Rosada.
Mientras tanto, el Gobierno intenta procesar políticamente el rechazo generalizado de la oposición en el Congreso, sin mostrar autocrítica sobre cómo afrontó este año el debate sobre los pliegos. “Nosotros presentamos los pliegos y nunca estuvo en discusión negociar nada, siempre dijimos que eran estos dos y listo”, sostuvieron.
Altas fuentes oficiales señalaron que los senadores “solo buscaron dañar al Gobierno y tener de rehenes a los candidatos”. Esa acusación no apunta solo al kirchnerismo, que impulsó la sesión, sino que incluyen a Victoria Villarruel y Mauricio Macri. “Operaron todo el día para que se caiga la sesión y hasta secuestraron a (Bernardo) Abdala (el presidente provisional del Senado) para que no se pueda hacer la sesión: está claro que pactaron con los K y sobrepusieron intereses personales por el bien de la Patria”, aseguraron.
Se trata de un argumento que se apoya más en la confrontación con ambos que en hechos concretos. Al cabo, ambos hicieron críticas en público a Ariel Lijo y le exigieron al Gobierno postular otro nombre desde que en marzo de 2024 arrancó el proceso de designación.
