El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, se refirió este martes a la orden de la Justicia argentina para que se exhorte a Venezuela por canales diplomáticos para que informe sobre el paradero y la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en ese país por el régimen de Nicolás Maduro.
“El primer elemento que surge claramente es que un tribunal de la República Argentina está exhortando a un Estado extranjero a cumplir, ni más ni menos, con las normas internacionales de derechos humanos. Es un acto judicial con toda la rigurosidad que ello implica”, expresó.
El lunes, se conoció la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que exigió la apertura de una causa penal por el presunto delito de “desaparición forzada de personas”, a partir de un habeas corpus presentado por Gendarmería Nacional en esa provincia.
Los jueces Manuel Pizarro, Juan Ignacio Pérez y Gustavo Castiñeira de Dios exhortaron a Venezuela a que precise “de modo inmediato el paradero” del gendarme, “los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial se encuentra”, y que se facilite el contacto con sus familiares.
“No tengan la menor duda de que este acto tiene plena validez ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional”, agregó el magistrado.
El juzgado argentino exigió a la Justicia de ese país a “presentar física o telemáticamente” a Gallo ante las autoridades que designe la Cancillería argentina “con el fin de ser asesorado por las mismas”, de acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
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“La posición del gobierno de Venezuela es insostenible jurídicamente ante cualquier organismo de derechos humanos”, dijo Castiñeira. Y agregó: “El primer derecho humano esencial reconocido por todos los tratados internacionales es el derecho a la vida y a la libertad. Tener a una persona detenida, sin saber en qué condiciones está, sin contacto con su familia, es una violación flagrante de derechos fundamentales”.
Además, contó que emitieron un oficio a Interpol y otro a la Cancillería para ver analizar la situación del gendarme, que fue apresado por la dictadura venezolana.
«No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo”, expresó con preocupación el juez.
Gallo fue detenido el 8 diciembre luego de cruzar la frontera desde Cúcuta, Colombia, por el Puente Internacional Simón Bolívar. Tiene 33 años, es oriundo de Catamarca y se desempeñaba como gendarme en un puesto fronterizo con Chile en Uspallata. La versión oficial es que fue a visitar a su novia María Gómez García. Diosdado Cabello, Ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, lo acusó públicamente de ser un “espía” del gobierno argentino.