Nicaragua comunicó a la Unesco su retirada de la organización por sus «inaceptables e inadmisibles acciones» con la concesión del premio a la libertad de prensa al diario opositor La Prensa, que opera desde el exilio.
El anuncio de su retirada, que será efectiva el 31 de diciembre de 2026, llega en plena preocupación por la libertad de prensa en Nicaragua, que cayó hasta el 172º puesto de 180 en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
«Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura», aseguró la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en un comunicado.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se convirtió este domingo en la quinta agencia en lo que va del año de la que los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, retiran a Nicaragua, país que se encuentra inmerso en una crisis sociopolítica y de derechos humanos .
El sábado, la Unesco otorgó su premio a la libertad de prensa ‘Guillermo Cano’ a La Prensa, por «llevar la verdad al pueblo de Nicaragua», pese a la «represión» y al «exilio» de sus periodistas, en palabras del jurado del galardón.
Este diario fundado en 1926 ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno de Daniel Ortega, que gobierna el país desde 2007 y junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta desde 2017 y como «copresidenta» desde febrero.
Bajo la presión de las autoridades, La Prensa dejó de imprimirse en 2021 y ahora se difunde en internet con su personal en el exilio en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Alemania.
El gobierno de Ortega-Murillo tildó de «vergonzoso» el premio al periódico decano del país, que calificó de «engendro diabólico de antipatria nicaragüense» y acusó de promover «intervenciones y políticas norteamericanas en Nicaragua».
El pasado 4 de febrero, Nicaragua anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó además el cierre «a lo inmediato» de su representación y de sus oficinas en Managua, luego de que ese organismo incluyera al país como una de las naciones con mayor hambre en el mundo.
Nicaragua incluso se retiró del Consejo de Derechos Humanos el 27 de febrero, mes en el que también anunció su abandono de agencias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La FAO y el hambre en Nicaragua
Hace tres meses, el Gobierno sandinista, en el poder desde 2007, se retiró de la FAO luego de que ese organismo incluyera al país como una de las naciones con mayor hambre en el mundo.
«La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato», demandó en una carta el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, que rechazó el informe «Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024», que indica que más de 1,3 millones de personas padecen hambre en Nicaragua.
El 19,6 % de la población total de Nicaragua padece hambre, mientras el 15 % (100.000l) de niños menores de cinco años presentan retraso en su crecimiento por falta de una buena nutrición, según ese informe elaborado por la FAO
Miembros de la policía permanecen en la entrada de una propiedad de la Editorial La Prensa, durante un operativo de allanamiento, en Managua en 2023 (Nicaragua). Foto EFEEn la carta, el canciller nicaragüense no ofreció los datos oficiales sobre el porcentaje de la población que pasa hambre en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos
Tres semanas después, el régimen sandinista anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a parámetros de derechos humanos, e instó a demandar al país ante la Corte Internacional de Justicia por privar de la nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses.
«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», anunció entonces Murillo, designada copresidenta a través de una reciente reforma constitucional.
En la misiva de formalización de su retiro, Nicaragua acusó al Grupo de Expertos, a la Oficina del Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de haberse convertido «en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional».
La OIT y la OIM
Un día después, el 28 de febrero, el Ejecutivo sandinista anunció su retiro de la OIT y de la OIM, a las que acusó de actuar «politizadamente prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo» sobre Nicaragua, y de no cumplir con la misión para la que fueron creados.
Nicaragua, además de notificar «su decisión soberana e irrevocable de retirarse de esa organización», exigió a la OIM «el cierre inmediato de su representación y oficina» en Managua.
A esas agencias se le suma ahora la Unesco, a la que el Gobierno de Nicaragua le notificó sobre su retirada en protesta por la reciente atribución al periódico nicaragüense La Prensa de su Premio Mundial a la Libertad de Prensa.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
