«Depende del Presidente«, se escuda un alto funcionario al evitar dar precisiones sobre cuándo se publicarían los decretos de Javier Milei, que estarían «a la firma», para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero la dilación del trámite, que hasta el último viernes parecía «cosa juzgada», ha generado algunas suspicacias teniendo en cuenta que el mismo tiene un límite temporal claro: el próximo viernes.
Es que el sábado 1° de marzo el primer mandatario abrirá las sesiones ordinarias del Parlamento y la integración del máximo tribunal volverá a ser objeto de debate de la comisión de la Acuerdos del Senado y del propio cuerpo legislativo. «Si no es esta semana no se puede por decreto porque reinicia las actividades el Congreso. Pero es una decisión por supuesto del Presidente», insistió, por su parte, una de las espadas políticas del Ejecutivo.
La cautela oficial, con todo, parecería obedecer a una calibrada estrategia política luego de haber transitado una semana de zozobras a causa del denominado cripto escándalo, por el naufragio del token $LIBRA y el vinculo del mandatario con los financistas a cargo del malogrado proyecto.
Las negociaciones con Lijo las llevan adelante en el ministerio de Justicia, donde pisa el asesor Santiago Caputo a través del viceministro, Sebastián Amerio. En el oficialismo aseguran desconocer cual sería la postura del magistrado en caso que el Presidente lo nominara en comisión. «No hablamos por terceros», se escudan cerca del mandatario.
A contramano de lo que aseguraba hasta poco tiempo, que sólo aceptaría integrar la Corte tras ser votado por el Senado, ahora Lijo estaría dispuesto «a evaluar» una eventual designación por decreto del jefe de Estado.
En los pasillos de Casa Rosada, no obstante, este lunes primaba la cautela. Nadie se animaba a dar precisiones sobre cuándo se publicarían los decretos o si habría un cambio de último momento. Pero en la mesa chica presidencial saben que en un año electoral y luego del revés que el Senado le dio a la discusión del pliego de Lijo -que, a diferencia del caso de García Mansilla, llegaba con el aval de la Comisión de Acuerdos-, resultaría improbable que ambos postulantes fueran oficializados en 2025 por la Cámara alta.
Es por eso que la publicación de los decretos para nominar en comisión a ambos postulantes ha venido ganando terreno en la última semana. Además, el Gobierno apuesta a radicalizar su confrontación con la oposición peronista que, por lo bajo, ha amenazado al Ejecutivo con rechazar los pliegos de Lijo y García Mansilla si se decidiera nombrarlos en comisión.
Como contó Clarín, la estrategia del oficialismo contempla poner en funciones a los magistrados y completar un tribunal que hoy sufre problemas de funcionamiento pero también presionar a sectores de la oposición a tomar una definición pública. En especial respecto a Lijo, al que en Balcarce 50 le atribuyen mayor poder de persuasión. Sin embargo, el magistrado también llega con varias denuncias de ONG´S y dirigentes de fuerzas como el radicalismo o la Coalición Cívica que han cuestionado su labor al frente del juzgado federal n° 4 en las últimas dos décadas.
Como sea, en el Ejecutivo intentan recobrar la agenda pública tras el «cachetazo» que, según el propio Milei, resultó el escandaloso caso de la cripto $LIBRA. Este lunes, en este sentido, resultó llamativa la presencia de dos dirigentes ligados al oficialismo desde distintos ámbitos pero fuertemente comprometidos con la denominada «batalla cultural» del mileísmo: Agustín Laje y Daniel Parisini (alias Gordo Dan).
El escritor, que preside la Fundación El Faro y se apresta a lanzar cursos de formación de «cuadros» libertarios, visitó las oficinas de Vocería y Medios que conduce Manuel Adorni. En tanto, el conductor del streaming «Carajo» y frenético defensor de las políticas oficiales a través de la red social X visitó a Santiago Caputo en su despacho del primer piso, con quien abandonó la Casa Rosada hacia el atardecer.
