Mientras Javier Milei busca por primera vez disciplinar a su tropa después de la rebelión, la deserción y la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta y del senador Francisco Paoltroni y ordenar el proceso de toma de decisiones y conducción política del Gobierno, el oficialismo abre frentes con jugadores poderosos del sistema político, social y financiero.
En el Congreso, donde el oficialismo tropezó tres veces la última semana y a cuya mayoría el Presidente desafiará con su veto total a la flamante ley de movilidad jubilatoria se cocinan otros dos rounds con resultado incierto.
El primero es el reclamo por los fondos universitarios que el Senado -con apoyo de Unión por la Patria y de la UCR– podría convertir en ley esta semana. Como en el caso de las jubilaciones, el proyecto podría poner en jaque el superávit que Milei no está dispuesto a entregar y que será la bandera de su Presupuesto 2025.
El costo de un eventual veto a los fondos universitarios se traducirá casi con seguridad en una nueva marcha federal para reclamar por el presupuesto de las casas de estudio. Esa causa ya probó su efectividad en abril al convocar a una multitud de diversas extracciones ideológicas o partidarias. En el Gobierno quisieron minimizarla, pero por primera vez, el Presidente tuvo que recalcular su discurso.
Mientras el oficialismo y el PRO supervisan que no haya deslealtades dentro de su propias bancadas y buscan asegurar los 10 votos que hacen falta para garantizar que la oposición no podrá tener los dos tercios para tirar abajo el veto total del Presidente contra la movilidad jubilatoria, el oficialismo avanza también en la Cámara Baja con pelea de resultado incierto con la CGT.
Los proyectos para cambiar las leyes sindicales pueden terminar de abroquelar a la cúpula de la central obrera que se dividió durante los primeros 8 meses del año entre los más duros y los dialoguistas.
En ese marco, el papa Francisco se prepara para recibir a una extensa comitiva de la CGT. La Iglesia está en alerta por el crecimiento de la indigencia y el avance del narcotráfico en los barrios. Son dos de las postales que las organizaciones sociales -de buen vínculo con la conferencia episcopal- llevaron el miércoles a su reunión con Cristina Kirchner en el Instituto Patria.
Los movimientos sociales anunciaron que marcharán el miércoles desde el Congreso a la Plaza de Mayo para protestar contra el veto. La represión a jubilados en las puertas del Palacio Legislativo se replicó en diferentes países. La CGT, que acompañó moderadamente la movilización del 7 de agosto de la UTEP, difundió un duro comunicado contra el accionar de la Policía Federal contra los jubilados.
Los obispos patagónicos advirtieron sobre el riesgo medioambiental que podría implicar el oleoducto que atravesará toda la provincia de Río Negro y que permitiría triplicar las exportaciones de crudo. José Luis Espert, uno de los diputados preferidos del Presidente les contestó con poca diplomacia. «Los obispos de la Patagonia comen hostias alucinógenas. Que manera obscena de militar pobrismo y miseria. Dedíquense a las cosas de Dios. No jodan», escribió el titular de la Comisión de Presupuesto.
Mientras el valor de cada voto en el Congreso crece para el oficialismo que necesita dar vuelta la página de las derrotas para exhibir una gobernabilidad que maride con la recesión y la baja de la inflación, el Gobierno también choca con varios de los gobernadores que le tendieron la mano en la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal.
Mandatarios provinciales de JxC y algunos del UxP como Gerardo Zamora -que prestó su firma para el Acta de Mayo- reclaman a viva voz que el Gobierno no cumple con los acuerdos marco que firmó con las provincias para transferirles decenas de obras y comprometerse a terminar otras. Los gobernadores se quejaron por el estado de las rutas nacionales en el Consejo Federal de Inversiones.
Como si no tuviera demasiado con el frente político, el Presidente se mete en el medio de la guerra ajena que protagonizan en estos días Mercado Libre y los bancos más poderosos del país, con denuncias cruzadas en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la carrera que libran sus respectivas billeteras virtuales Mercado Pago y Modo.
En ese contexto, el Presidente visitará el miércoles las oficinas de Mercado Libre en Saavedra y se mostrará con el CEO de la empresa más grande de la región, Marcos Galperín. El titular de la Asociación de Bancos (ADEBA) Javier Bolzico había cuestionado las denuncias de Milei contra el Banco Macro al que había acusado “golpista” por querer supuestamente desestabilizar al Gobierno con la venta PUTs. “Esa afirmación es injusta e incorrecta, además genera dudas sobre la libertad de comercio”, señaló Bolzico en julio.
En la Casa Rosada no disimulan su preferencia por la empresa de Galperín. “Los bancos están acostumbrados a ser cajeros estatales y tienen que entender que deben competir. También con Mercado Libre», razonó uno de los funcionarios que más escucha Milei hace pocos días.
Los gerentes de los bancos minimizan con diplomacia la visita del jefe de Estado a las oficinas de MeLi.“Es lo más natural del mundo. Milei y todos los presidentes de la Argentina y el mundo visitan a las grandes empresas y participan de eventos empresariales. No hay nada para buscar ahí”, consignan aunque, en rigor, el mandatario libertario no suele tener esa agenda; al menos y hasta ahora, fronteras adentro.