BOGOTÁ.- El canje de presos a tres bandas se hizo esperar, pero por fin llegó. Tras dos operativos frustrados en el último momento por desavenencias entre autoridades estadounidenses, los gobiernos de Venezuela, El Salvador y Estados Unidos pusieron en marcha este viernes un ambicioso operativo con el objetivo de que los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a la megacárcel de Nayib Bukele, diez rehenes estadounidenses y 80 prisioneros políticos del chavismo recuperasen la libertad.
Está por verse si los acuerdos abarcarán un alivio de las sanciones energéticas contra Caracas, uno de los principales escollos de la operación junto a las desavenencias entre el enviado especial Richard Grenell, favorable a todo tipo de acuerdos con Nicolás Maduro, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien junto a los tres congresistas cubanoamericanos de Florida constituyen el principal bastión estadounidense contra las dictaduras de la región, incluida la venezolana.
The New York Times publicó hace dos semanas que la operación de canje se había roto por las diferencias entre Rubio y Grenell. El jueves se había recuperado la sintonía entre ambos y Caracas había dado su visto bueno para el canje, pero a última hora se paralizó de nuevo.
“Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales”, aseguró en su comunicado el gobierno de Maduro, y dijo que “no tuvo ninguna duda” para llevar adelante el canje, pese a ser una solución muy parecida a la propuesta por Bukele hace meses. Así se lo recordó Bukele a Maduro: “tras meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado a liberar una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes”.
Liderazgo de Trump
“Gracias al liderazgo de Trump, diez estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad”, constató Rubio por su parte. Desde que Maduro consiguiera la libertad de sus dos narcosobrinos, condenados por narcotráfico en Nueva York, y de su presunto testaferro Alex Saab, convertido hoy en el ministro estrella de su gabinete, los rehenes extranjeros se han convertido en su principal moneda de cambio.
Por otro lado, las famosas puertas giratorias, que se aplican en Venezuela de forma indistinta a los extranjeros y a los nacionales, se abrieron de nuevo para que al menos 80 presos políticos sean excarcelados de distintas prisiones del país, incluida la siniestra Helicoide, uno de los mayores centros de tortura del continente, según pudo saber LA NACION de fuentes extraoficiales. Maduro confirmó la excarcelación de los opositores, a regañadientes y con “medidas alternativas a la privación de libertad”.
En la lista provisional de excarcelados figuran varios dirigentes opositores: Goyo Graterol, líder de Primero Justicia (PJ) en el estado Falcón; William Dávila, exdiputado socialdemócrata; Ángel Aristimuño, dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT); y el analista opositor Alejandro Narváez. También Carlos Chancellor, padre del futbolista de la Vinotinto Jhon Chancellor.
Fuentes opositoras trasladaron a este medio el temor a que entre los 80 señalados se hayan incluido también presos comunes; incluso ya habían comprobado la presencia de un hombre encarcelado por robar un autobús.
Además de los que volvían de El Salvador, otro avión aterrizó en Caracas procedente de Houston con otros 251 venezolanos, entre ellos siete de los 32 menores que Venezuela consideraba “secuestrados” por Estados Unidos.
“Todos ellos van a regresar a Venezuela, es un compromiso”, había dicho la mujer de Maduro, Cilia Flores, la “primera combatiente revolucionaria”. El vuelo formaba parte del Plan Vuelta a Casa, que desde la llegada de Donald Trump al poder ha supuesto el regreso de 8283 venezolanos a su país, gracias a los acuerdos entre ambas administraciones.
La ceremonia en el aeropuerto se trataba sólo del aperitivo de la gran celebración que Maduro preparaba cerca del Palacio de Miraflores para recibir a los deportados venezolanos de El Salvador, enviados desde Estados Unidos a la famosa megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) gracias al convenio alcanzado entre Trump y Bukele, uno de sus grandes aliados continentales.
Washington acusó a los venezolanos deportados de pertenecer al Tren de Aragua, la mafia transnacional venezolana que se ha extendido por buena parte del continente con la connivencia del chavismo. Investigaciones periodísticas y las pruebas aportadas por familiares demostraron que la mayoría eran inmigrantes llegados a Estados Unidos y que muchos ni siquiera contaban con antecedentes policiales y judiciales. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, aseguró sin embargo Bukele en su “despedida”.
