RÍO DE JANEIRO.- En el día en que Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y diez gobiernos latinoamericanos condenaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de validar la segunda reelección del presidente Nicolás Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país en la noche del 28 de julio, Brasil y Colombia guardaron silencio.
A lo largo de la jornada del viernes estuvo la expectativa, alimentada por fuentes de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro, de que se emitiría un comunicado conjunto con una posición sobre la resolución del TSJ que, al contrario de lo que habían pedido ambos presidentes, no presentó actas electorales que probaran el resultado del CNE.
Ambos gobiernos siguen considerando, según fuentes oficiales, que hay una “ventana de oportunidad” para iniciar negociaciones entre el gobierno y la oposición hasta la investidura presidencial en Venezuela, prevista para el 10 de enero de 2025. Su silencio tiene dos explicaciones, según las mismas fuentes: Lula y Petro hablaron a última hora, sin dar tiempo a que se preparara una nota o se fijara el tono de las declaraciones individuales, y la extrema cautela de ambos gobiernos por temor a que un pronunciamiento sobre la decisión del TSJ pudiera “cerrar los canales de diálogo” con el Palacio de Miraflores. Según las fuentes, “las dos cancillerías están trabajando en un texto, pero no para hoy (por el viernes)”.
Muchos de los países que condenaron la resolución del máximo tribunal venezolano ya han expulsado a sus diplomáticos de Venezuela, lo que significa que en la práctica han roto relaciones con el Palacio de Miraflores. Brasil y Colombia mantienen relaciones normales con sus embajadas y consulados -en el caso de Brasil, además, asumen la administración y seguridad de las sedes diplomáticas en Argentina, donde están refugiados seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, y Perú-. Esto está provocando enormes quebraderos de cabeza a los diplomáticos en Caracas y la necesidad de mantener el diálogo con las autoridades chavistas.
Lula y Petro tienen intención de hablar, pero cada uno de sus movimientos está calculado al milímetro. Y aunque los cancilleres Mauro Vieira y Gilberto Murillo han hablado en los últimos días, nada se hará antes de que los jefes de Estado conversen. Fuentes de ambos gobiernos admitieron que “cualquier palabra o expresión fuera de lugar puede quemar puentes”. Una de las fuentes consultadas dijo que ni a Brasil ni a Colombia les interesa “una Venezuela pobre, aislada y violenta”. Mientras sea posible, subrayaron las fuentes, “los dos países insistirán en una solución política”. “Irse por las ramas en este momento sería contraproducente” para los intereses de Brasil y, en última instancia, para una posible salida a la crisis venezolana, enfatizó una de las fuentes.
Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene una posición similar a la de Lula y Petro, los jefes de Estado con los que ha discutido la situación en Venezuela, se pronunció sobre la resolución del TSJ, respondiendo a una pregunta durante su tradicional rueda de prensa diaria.
“Vamos a esperar, porque ayer (por el jueves) el tribunal ratificó que el presidente Maduro ganó las elecciones y, al mismo tiempo, recomendó que se hicieran públicas las actas (electorales)”, dijo el mandatario mexicano.
López Obrador repitió lo que ya han dicho en varias ocasiones los presidentes de Brasil y México. El viernes se esperaba un comunicado de ambos que iba más allá de la petición de actas. El contenido del texto, aún en preparación, es esperado por el gobierno y la oposición en Caracas.
A partir de ahora, la relación entre Lula y la Venezuela de Maduro entrará en un terreno desconocido para los brasileños. Para el venezolano, no hay nada nuevo bajo el sol. Maduro, como hizo tras las elecciones presidenciales de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por más de 50 países, se enfrentará al aislamiento en la región y a sanciones internacionales apoyándose en aliados incondicionales como Rusia y China. Solo hay una cosa muy clara en la mente del presidente y sus asesores, según fuentes oficiales: Brasil no volverá a salir de Venezuela, como hizo cuando Jair Bolsonaro llegó al poder en enero de 2019. Esta decisión es considerada por el Palacio de Planalto e Itamaraty como un “gravísimo error”.
No está previsto romper relaciones con Venezuela, aunque su presidente pase a no ser reconocido por Brasil a partir del 10 de enero de 2025. Hasta entonces, cuando se celebren las tomas de posesión en Venezuela, Maduro seguirá siendo reconocido por el gobierno brasileño.
Lula y Petro tienen una larga relación con el chavismo. Ambos tenían estrechos vínculos con el ex presidente Hugo Chávez y, como consecuencia, influencia política en Venezuela. Ahora ya no. Ha surgido una nueva realidad y, con ella, un gigantesco desafío.
Fuentes diplomáticas brasileñas ya no tienen dudas: “Venezuela ha dado un giro autoritario”. En el Palacio del Planalto, los términos utilizados son más cautelosos, pero algunas conclusiones, en términos de futuro, son similares a las escuchadas en Itamaraty, entre ellas que “todo será más complicado a partir de ahora, pero hay que evitar una ruptura”.
La relación, subrayaron las fuentes, “se verá sacudida y perderá intensidad”. Brasil mantendrá un comercio bilateral que difícilmente alcanzará los 6000 millones de dólares anuales de otros tiempos; los acuerdos de cooperación serán más difíciles de implementar; las visitas se reducirán; y la participación de Venezuela en foros regionales, incluido el Consenso de Brasilia, tendrá que ser reevaluada.
Janaína Figueiredo
