Desde hoy, los consumidores sabrán el valor real de un producto o un servicio y cuánto lo encarecen los impuestos. En el marco del régimen de transparencia fiscal, que reglamentó semanas atrás la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las empresas y los comerciantes deberán empezar a discriminar en la factura y ticket de venta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias.
La implementación es escalonada. En esta primera etapa, desde el 1º de enero, deben implementarlo las grandes empresas. Así, todos los comprobantes deberán tener una línea donde se detalle el monto correspondiente al IVA y, cuando sean emitidos por una compañía grande (que detalla el organismo en su página), también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.
El resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos. Aquellos contribuyentes que ya usan la factura electrónica por medio de los sistemas de ARCA verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1° de enero. “El organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias”, explicó ARCA.
Quienes utilicen controladores fiscales de nueva tecnología, podrán seguir usando ese equipamiento en la medida que actualicen el firmware (en el caso de las cajas registradoras) o incorporen la información a través del software de facturación (en las impresoras fiscales).
“El objetivo es reafirmar el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”, explicaron desde el organismo que conduce Juan Pazo en un comunicado oficial luego de la reglamentación de la medida.
Aclararon además que los consumidores no tendrán que hacer ninguna operación, sino que en la factura o ticket de compra encontrarán la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, donde estarán discriminados los impuestos anteriormente detallados. Para ejemplificarlo, desde la entidad mostraron una factura con un valor final de $3000, de los cuales $520,66 corresponden al IVA y $150 de otros impuestos nacionales indirectos.
Desde el Gobierno también invitaron a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales también tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y de los respectivos tributos municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
“La muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para el crecimiento de las empresas, la generación de empleo y el progreso económico y social. Los argentinos hemos padecido la voracidad fiscal de numerosos gobiernos que han contado con un aliado clave: la opacidad de la carga. Me refiero a que muchos impuestos no son claramente percibidos por la ciudadanía”, dijo entonces Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), consultado por este medio.
El presidente de Lógica, ONG que impulsó la medida, Matías Olivero Vila señaló que “la falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana. Este proceso ha sido funcional a que soportemos los impuestos y la inflación más altos del mundo, reflejo de lo que ha sido el descontrol del gasto público”.
“Este 1º de enero se terminaron los 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor. El saber los tributos que soportamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y los políticos sabrán que los tributos excesivos que sancionen irán al ticket. Este saber le dará poder al ciudadano y así el votante decidirá en la oferta electoral”, agregó el presidente de Lógica a LA NACION.
“Estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las actuales autoridades. El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea un coto de los políticos y se convierta en una cuestión principalmente ciudadana”, dijo Olivero Vila
El especialista luego explicó la implementación del régimen: “Se aplicará gradualmente, por etapas, comenzando con las ‘empresas grandes’ desde el 1º de enero y con la exposición de los impuestos cuya implementación resulta más simple, ellos son IVA e internos. El resto de los contribuyentes podrá cumplirlo voluntariamente desde el 1º de enero y obligatoriamente desde el 1º de abril. Definido el régimen, ahora es el turno de las provincias para que se adhieran, respondiendo a la invitación que consta en la misma ley y en los considerandos de la norma, para que se visibilicen también ingresos brutos y tasas municipales”.
“Las provincias tienen, según la ley 27.743, la facultad de adherirse al régimen, pero en realidad es una obligación dado que el artículo 42 de la Constitución Nacional exige que al consumidor se le dé información ‘adecuada y veraz’, y esta información de los impuestos que soportan es esencial; por lo que no incluirla no sería adecuado ni veraz”, cerró el presidente de Lógica.