RABAT. – Desde que a finales de diciembre estalló una nueva ola de protestas masivas en Irán, tanto los medios de comunicación como algunos líderes políticos extranjeros han sugerido que esta revuelta atesoraba un mayor potencial que las anteriores. Es decir, que podía hacer caer al régimen de los ayatollahs.
“Creo que estamos viendo los últimos días o semanas del régimen iraní”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz. Por su parte, Donald Trump animó a los manifestantes a “tomar las instituciones”.
Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que un derrumbe del régimen es altamente improbable. De hecho, incluso a largo plazo los escenarios más plausibles son la reforma interna del sistema o bien un descenso del país en el caos y una conflagración civil.
Habida cuenta de los cortes de internet y las restricciones a la entrada de la prensa extranjera, es difícil estimar de forma precisa el alcance de las protestas. En todo caso, todo apunta que son las más robustas desde el “movimiento verde” de Hussein Mousavi, la primera gran revuelta popular contra el régimen. Desde aquel 2009, ha habido al menos otras tres potentes olas con decenas de muertos.
“Esta vez es peor que antes. En cada familia ya tenemos algún muerto o herido”, comentó a LA NACION una joven iraní residente en Madrid.
Una constante en todos estos episodios de revueltas fue la granítica cohesión de los aparatos represivos del Estado, liderados por los Guardianes de la Revolución, asistidos por los basiji, una milicia de voluntarios.
Los Guardianes se convirtieron en una especie de “Estado dentro del Estado”, extendiendo sus tentáculos en el mundo de los negocios, siempre vinculados al gobierno. Muy ideologizados y comprometidos con la república islámica, tienen mucho que perder en una eventual caída del régimen y están dispuestos a utilizar una violencia extrema para evitarlo.
Tanto los Guardianes como los ayatollahs son muy conscientes del elevado precio que suelen pagar los dirigentes y verdugos de los regímenes represivos en contextos revolucionarios. No en vano, ellos fueron quienes cobraron esa factura no solo a la elite que rodeaba al sha, sino a sus altos funcionarios.
En los meses que siguieron a la revolución islámica de Khomeini, Irán experimentó un auténtico baño de sangre, con cientos de ejecuciones tras “juicios revolucionarios” sin garantías. Los antiguos verdugos no quieren ahora convertirse en las nuevas víctimas.
Además de la falta de libertades, la aguda crisis económica que padece el país desde hace años ha sido el principal acicate de la revuelta. El problema para el guía supremo, Ali Khamenei, es que no hay soluciones a corto plazo para enderezar una economía maltrecha por un estricto régimen internacional de sanciones. “Como el régimen sólo puede reprimir y no abordar las causas subyacentes, sólo está ganando tiempo hasta la siguiente ronda de confrontación entre el Estado y la sociedad”, dijo el politólogo iraní Ali Vaez.
Los ayatollahs podrían lograr un alivio temporal a través de una negociación con Donald Trump que desembocara en un levantamiento parcial de las sanciones.
Ahora bien, no parece que Teherán esté dispuesta a realizar todas las dolorosas concesiones que podrían llevar a una plena reconciliación con Estados Unidos, desde renunciar a su programa nuclear a los misiles balísticos que apuntan a Israel. Además, un verdadero plan para reflotar la economía iraní requeriría unas ingentes inversiones extranjeras, que solo son posibles en un entorno de plena estabilidad política y seguridad jurídica.
Así pues, como decía Ali Vaez, Irán parece atrapado en un bucle de olas de protestas masivas seguidas de respuestas represivas cada vez más violentas. Ahora bien, la paciencia del pueblo iraní tiene un límite, y es de esperar que, tarde o temprano, una parte de la oposición opte por la vía armada y se formen milicias insurgentes. De hecho, eso ya sucedió en las regiones periféricas donde habitan algunas minorías étnicas como la kurda o la baluchi.
Sin perspectivas de cambio político, no sería de extrañar que aparecieran grupos armados en las zonas azeríes –representan un 25% de la población– o incluso en las étnicamente persas. Alguna potencia regional, por ejemplo, Israel, podría tener la tentación de facilitar este escenario.
Por lo tanto, a mediano plazo, no se puede descartar que Irán siga los pasos de Siria, y se produzca una conflagración civil que convierta el país en un Estado fallido.
Seguramente, el enorme riesgo que entraña tal escenario no escapa a los elementos más inteligentes y pragmáticos del régimen, que podrían optar por lanzar una reforma controlada del sistema. De hecho, la sucesión de Khamenei, de 86 años de edad y con una salud delicada, podría presentar pronto una oportunidad de cambio. Exactamente eso lo que ocurrió en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.
Desde los años noventa, es evidente que en Irán hay una fuerte pulsión de cambio, sobre todo entre la juventud y las clases medias urbanas. Esta energía fue la que llevó a la presidencia del país al líder reformista Mohamed Khatami.
No obstante, los halcones del régimen abortaron cualquier cambio sustancial en el sistema, y muchos de los líderes de aquel movimiento se hallan hoy entre rejas o en arresto domiciliario. El boceto de lo que representaría una liberalización del sistema ya está hecho. No hace falta inventar nada, tan solo permitir el ascenso de la corriente reformista.
Sin duda, ese sería el mejor escenario de futuro no solo para el pueblo iraní, sino para toda la región. Si la guerra civil siria, con un cuarto de la población de Irán, ya desestabilizó todo Medio Oriente y engendró un monstruo como Estado Islámico, las consecuencias de un descenso en el caos de Irán resultan temibles.
