El interesado romance entre el Gobierno y el PRO, que busca cimentar un acuerdo electoral con vistas a las legislativas de 2025, no está exento de nubarrones, como por ejemplo el desacuerdo por las limitaciones al acceso a la información pública que dispuso el Ejecutivo.
Pese a la insistencia por retrotraer los cambios de los delegados de Mauricio Macri, en Casa Rosada -donde cada vez se percibe más la influencia de Santiago Caputo, un escudero del purismo libertario- reiteran que el texto firmado por Javier Milei no sufrirá modificaciones.
La polémica por el decreto 780 continúa y asoma como una verdadera divisoria de aguas entre los dos espacios habida cuenta que modifica una normativa impulsada por el macrismo en 2016.
La nueva reglamentación interpreta de manera restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, y restringe las respuestas del Ejecutivo cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas.
Los reclamos de los representantes del PRO se vienen repitiendo en las reuniones de coordinación parlamentaria que se celebran periódicamente en las oficinas del jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Pero hasta el momento el oficialismo sólo concedió como gesto la visita que la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz Anchorena, realizó el 8 de octubre a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para responder preguntas de diputadas como Silvana Giudici (PRO) o Karina Banfi (UCR).
Justamente Giudici, que lleva la voz cantante del PRO sobre este tema en las reuniones celebradas en la planta baja de Casa Rosada, reconoció a este diario que no satisfizo la presentación de la titular de la AAIP, que había asumido el cargo durante la presidencia de Alberto Fernández y tiene mandato hasta 2027.
Al respecto, la diputada del PRO dijo que «vamos firmes por los cambios en el decreto y desde que nos juntamos en Casa Rosada hemos planteado retrotraer esas modificaciones, además de un cambio en la normativa. Las explicaciones de Anchorena mostraron que hubo muchas irregularidades en la tramitación del decreto. Y para el PRO este tema es una cuestión central».
Anchorena, por su parte, deslindo responsabilidades en la Secretaría de Planificación Normativa, a cargo de María Ibarzábal Murphy, que reporta al asesor Caputo, y también a la Procuración del Tesoro.
El decreto no se toca
El influyente asesor presidencial es el guardián del relato libertario y viene endureciendo la estrategia discursiva del Ejecutivo.
Es por eso que no extraña la tozudez del oficialismo en validar los cambios en el acceso a la información pese a los reclamos de los socios del PRO. Sí autorizaron a la Agencia de Acceso a la Información, según pudo saber este medio, a «corregir» mediante una resolución algunas irregularidades previas a la sanción del mentado decreto, como un refuerzo a la protección de datos personales.
«Pero al decreto no lo vamos a tocar», enfatiza un alto funcionario consultado.
Diputada del PRO Silvana Giudice. Foto: Juano Tesone.Difícilmente, entonces, el nuevo gesto del oficialismo logre atemperar los reclamos de los diputados del PRO. Es que en el «partido amarillo» consideran a dicha reglamentación como propia al tiempo que se quejan que tampoco fueron consultados por las modificaciones que le impuso el Ejecutivo.
Por esta reglamentación, el Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar «daños y perjuicios» a las personas, haya «ausencia de interés público» o se constituya en un «abuso del derecho». Además, restringe la difusión de «deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares» sobre un acto de gobierno.
